Con meses de demora, el Gobierno nacional volvió a dar un golpe al desarrollo de Mendoza. Alberto Fernández ordenó, a través de un laudo solicitado por la Provincia, nuevos estudios de impacto ambiental, a pesar de que estos ya estaban aprobados con anterioridad. Lo que marca la pauta que no hay políticas energéticas de Estado que tengan los consensos necesarios para marcar un horizonte que mejore en términos globales la producción de electricidad y a la economía en general, sino lo que predomina son los intereses particulares y la arbitrariedad partidaria cuando cambia el signo político de un gobierno.
El golpe es contra la generación de puestos de trabajo y la posibilidad de un desarrollo provincial en varias áreas de la economía local. Contra todo, ahora Mendoza tiene que barajar y dar de nuevo. Reperfilar aquel viejo proyecto en Malargüe y tratar de contar, tal vez, con una obra más pequeña. O ser inteligente en el uso de los recursos que le corresponden y que Nación tiene que seguir enviando. Nada de eso ha tocado el laudo, porque son derechos adquiridos. El agua, pero también la energía, son un problema para la Mendoza de los próximos años y los fondos que le pertenecen a todos los mendocinos no pueden ser despilfarrados en iniciativas poco estratégicas.