Durante muchos años, la idea de ampliar la matriz productiva de Mendoza ha sido una discusión que no termina de cerrarse. Es un debate más que actual, que tiene sus bemoles, porque está atravesado por intereses contrapuestos, tensiones, demandas de un lado y de otro, pero también con una cuota de hipocresía. Este sólo planteo implica una sola cosa: abrir el juego a la minería.
Se trata de una actividad sobre la que pesa un tabú muy grande, pero también es cierto que desde ese sector no han hecho lo necesario para desmitificarla. Cuando la provincia ha estado sumergida en debates sobre proyectos concretos, lo que ha predominado son los prejuicios.
A la par, ha habido una falta de transparencia y de información por parte de anteriores gestiones que no han contribuido a propiciar más inversiones. Todos los proyectos tienen que mostrar claramente sus cartas sobre la mesa. Ocultar sólo jugará en contra de los mismos y de la actividad. Sin esta premisa, cualquier iniciativa por más buena que sea estará atrapada en la lógica que se ha dado en los años recientes.
En Canadá, una comitiva de funcionarios mendocinos con el gobernador a la cabeza expuso el plan minero con el que se busca avanzar en la gestión. Hay una certeza: todo se hará bajo el paraguas de la ley minera que regula, permite y prohibe. No es poco, para algunos será un impedimento, para otros el aval de tener un ambiente sustentable. Pero lo que hay que garantizar son reglas claras para los inversores que se ha ido a buscar, nada menos, que a la meca de la minería.
Está claro que la minería no puede verse como la panacea para resolver todos nuestros problemas. Sí, sería de gran ayuda para el desarrollo de departamentos o zonas que no tienen más riqueza que sus recursos naturales, la mayoría de ellos, enterrados bajo tierra. Lo poco que se necesita es esto: previsibilidad y buenos controles.