La Justicia es, de los tres poderes del Estado, el más sensible, puesto que tiene que componer a través de un sistema y sus fallos los dramas sociales y conflictos penales. Garantizar el servicio de justicia es una responsabilidad institucional enorme y compleja.
Por ello, si un magistrado comete un delito o, peor aún, es acusado de integrar una asociación ilícita, entonces, toda la estructura está comprometida, pues se altera su
naturaleza y funcionamiento. La suspensión de Walter Bento por parte del Consejo de la Magistratura permite un principio de recuperación de la normalidad en los Tribunales Federales de la provincia. Las causas que llegan a esa instancia no son menores porque abordan los delitos económicos y el narcotráfico, en algunos casos, vinculados con el poder y, también, los asuntos electorales. Su apartamiento de estas cuestiones permitirá, a su vez, dar certidumbre y claridad a los comicios que se vienen. El hecho de que se mantuviera en esas funciones generaba un malestar y una contradicción institucional de gravedad, que ahora puede encarrilarse.