La Provincia está nuevamente en una instancia de equilibrio institucional delicado debido a una decisión tomada por el Ejecutivo para que la Suprema Corte de Justicia defina si puede tomar deuda sin tener el aval legislativo. Se trata de una pulseada política que saltó desde la Casa de las Leyes y ahora tendrá otro escenario: los Tribunales provinciales. En la Legislatura, la oposición le negó este crédito al Gobierno y ahora se busca la luz verde del máximo tribunal para tomar financiamiento externo sobre la base de una interpretación de la Ley de Administración Financiera.
El juego político no tiene buenos ni malos, en todo caso, se pueden tomar buenas y malas decisiones que pueden favorecer o perjudicar a los mendocinos. Pero, en este caso, vuelve a ponerse la lupa sobre la distancia que tienen los ministros que conforman la Corte para resolver una cuestión vinculada a la legitimidad. En otras palabras, si esta medida de saltearse a uno de los poderes del Estado está dentro del marco constitucional. De allí que lo que resuelva la cúpula judicial puede ser determinante, no sólo para afrontar los vencimientos en dólares que le corresponden para el año próximo, sino también por constituir un antecedente que cambie el funcionamiento del Estado y la relación armónica entre poderes, que a veces, por la política misma, no están claramente diferenciados. La Provincia tiene que hacerse cargo de sus deudas, nadie puede contradecir esto, ya que está en juego la confianza del Estado. Pero, también, sin que gobernar sea una cuestión a contramano de la Carta Magna. Una vez más, la respuesta la tiene la dirigencia.