La crisis económica ha traído aparejada una serie de pequeños delitos que provocan dolores de cabeza a vecinos y a funcionarios. Se trata del robo de ciertos insumos que, por los materiales que los componen, tienen algún valor significativo en el mercado negro de la chatarra.
Es un circuito informal que, no obstante, produce mucho daño. En el último tiempo, la delincuencia ha tomado como objetivo los medidores de agua.
Es, indudablemente, un problema, puesto que los hechos se repiten en varias zonas del Gran Mendoza. Generan un nuevo gasto para el Estado, que probablemente no haya sido previsto y alumbra una industria delictiva.
Situaciones como esta se reproducen al amparo de una mala situación macroeconómica. Se trata de las pequeñas cosas con las que uno –ya sea como contribuyente o como ciudadano al que le interesa como mínimo que las cosas funcionen adecuadamente–tiene que lidiar a diario.
Antes era con el cobre de las líneas telefónicas, que generaba un perjuicio para los usuarios.
Pareciera no haber forma de detener esas olas delictivas, cuyo daño incalculable genera atrasos de todo tipo y más esfuerzos de inversión, tanto para las empresas privadas como para el Estado. Hay que poner el ojo ahí.