En una semana, Argentina perdió dos juicios por los que tendrá que pagar millones y millones de dólares (nada menos, qué oportuno). Primero, la decisión de haber expropiado YPF, que le costó al Estado nacional 20.000 millones de dólares en materia de indemnizaciones en los tribunales de Nueva York.
Segundo, otro dictamen negativo, en este caso, por manipular estadísticas y, por ello, los argentinos deberemos abonar otros 1.330 millones de euros. Estas dos sentencias forman parte de una seguidilla de derrotas en juzgados internacionales, donde se manifiestan a la vez los resultados de una gestión. Si la corrupción mata y está probado, dolorosamente, las decisiones de alto rango sobre el patrimonio de un país también tienen un alto costo económico. No hay épica en esto, sólo pasos en falso que perjudican a la postre al país. Si bien hoy YPF es la principal empresa del país, el derrotero para nacionalizarla no estuvo exento de sombras. Ni hablar de las sospechas sobre la manipulación de estadísticas oficiales que pesó durante la segunda gestión de Cristina Kirchner, cuando la realidad mataba al dato duro.