Uno de los organismos de control en el Estado es la Inspección General de Seguridad, que precisamente pone la lupa en la actuación de las fuerzas provinciales. Se trata de un ente necesario, puesto que de manera constante tiene que investigar la conducta de los uniformados, agentes del Estado que por su función pública tienen la responsabilidad de portar un arma. Ahora, este organismo ha avanzado con una iniciativa particular.
Hasta el momento, la única que está obligada a presentar sus declaraciones juradas es la dirigencia política de Mendoza con cargos en el Estado. Más allá de las controversias que ha habido sobre el patrimonio de nuestros funcionarios, se trata de la transparencia de quienes tienen la responsabilidad de administrar los recursos de la provincia. La iniciativa de la IGS, entonces, apunta a que tanto los policías como los penitenciarios deban presentar su declaración jurada para comenzar a transparentar su patrimonio y, de existir, evidenciar irregularidades.
La propuesta es oportuna, puesto que suma otro grado de control a fuerzas que, en alguna ocasión, han sido denunciadas porque su accionar finalmente se funde con lo delictivo cuando su tarea inicial es la de garantizar la seguridad ciudadana. Sin embargo, más allá de la obligatoriedad y de las sanciones estipuladas para los incumplidores, también hay que recalcar que si no hay una revisión y un seguimiento constante de la situación patrimonial de los uniformados, la norma no tendrá sentido. Sólo será maquillaje para la tribuna.