Lo sucedido en el concurso de ingreso al Poder Judicial es grave si se confirman las sospechas que tienen en la Suprema Corte y algunos círculos políticos. La filtración de datos, violando la seguridad de un examen, implica un escándalo institucional severo para un poder del Estado provincial que gestiona el derecho de justicia. Lo primero que se pierde en estas circunstancias es la credibilidad en una institución que buscó modernizarse, pero no sólo será eso. Por ello, puede considerarse como sana la decisión del máximo tribunal de postergar el segundo examen hasta que se tengan las condiciones garantizadas para avanzar en ese proceso de selección de futuros empleados. Y para que se salden las interrogantes que mancharon el ingreso.
Lo que hay que recuperar es la transparencia detrás de las sospechas que tiñeron a la competencia y que esta vuelva a ser equitativa y justa para los miles de concursantes que participaron.