En algún momento, la oposición planteó serias dudas sobre la herencia que recibirá el próximo gobierno. Cualquiera fuera el resultado –gane el oficialismo actual o se imponga la oposición– ciertamente es preocupante el saldo que dejará la presente gestión en materia financiera y también en lo social. Hay un círculo de causas y consecuencias que se retroalimentan a diario. La advertencia por la “bomba” económica, en rigor, no debería pensarse hacia el 2024. Es más actual e, incluso, a corto y mediano plazo. Más allá de la macroeconomía, este dispositivo ya afecta los bolsillos y las proyecciones de la clase media y, por supuesto, hace aún más difícil el día a día de las clases populares.
En otras palabras, la inflación sigue siendo el principal problema. A su vez, el empobrecimiento de la población debido al alza constante de precios es otro “artefacto” que quedará para desactivar, mientras proliferan los discursos hacia la tribuna para dar de baja subsidios de todo tipo. Sus esquirlas impactan hacia todos los costados: en las aulas, los hospitales, en el consumo y el mundo laboral. Tampoco es virtuoso electoralmente tirar bombas de humo, como ha sucedido con la Ley de Alquileres. Si el Gobierno da pie para avanzar con una modificación, entonces tiene que buscar la vuelta, pero todo indica que detrás del anuncio y los trascendidos no hay nada. Es lo último que explota: la credibilidad y el hartazgo.