En una provincia que pelea por un mejor reparto de la coparticipación, el anuncio de una nueva Ley de Hidrocarburos no ha sido una buena señal para Mendoza desde la Nación. El Gobierno central ha avanzado en una normativa con la que –fundamenta– busca incentivar las inversiones en ese sector de la economía. Pero, las quejas de funcionarios provinciales han advertido, de entrada, acerca de los problemas que hubo para la construcción de esa norma. Y ya, en principio, arranca mal, puesto que en ningún momento de la redacción hubo una consulta ni con las autoridades locales ni con otras jurisdicciones que integran la mesa del sector: la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi).
Se repite así un vicio político que, para una cuestión de esta magnitud, la cual involucra regalías importantes para una productora de petróleo como Mendoza, no se puede dejar pasar. Ni siquiera tiene voz en un consejo de inversiones hidrocarburíferas –ámbito que será creado a partir de esta ley– y avanzaría peligrosamente sobre las facultades que tienen las provincias sobre las riquezas bajo su suelo.
Pero hay más cuestiones que será necesario mejorar a través del diálogo político porque no bastará con una ley que sólo incentive las inversiones, sino que también permita el juego de las más pequeñas y medianas empresas ante los gigantes. Y, por último, que además comience a pensarse, de manera más amplia, en una política general que contemple el desarrollo de otros tipos de energía: renovables, limpias, complementarias, en un mercado como el petrolero, que va hacia un modelo económico que en algún momento se agotará.