La espiral de conflictos entre el Gobierno nacional y la Corte Suprema de Justicia se ha ido incrementando en el último año, con distintos frentes. Pero lo que prima, más allá de los argumentos jurídicos en cada cuestión que se litiga, son los fundamentos políticos, porque el detrás de las causas tiene motivaciones de esa índole. Es así en la pulseada que oficialismo y oposición tienen respecto de quién ocupa las sillas del Senado de la Nación, con los supremos de árbitros. Y también ocurre ahora con la puja por la coparticipación entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires, porque la decisión de quitar a unos y dar a otros es arbitraria, según la simpatía partidaria.
La decisión de la Casa Rosada de no acatar el fallo lleva a un camino peligroso, donde lo que se pone en riesgo es la independencia de poderes. Y genera un estado de tensión permanente con la cúpula del Poder Judicial en el que todo fallo es considerado de tinte electoralista, por ende, discutido desde ese plano.
La grieta, entonces, también se abre con la Corte toda vez que no responde a los intereses propios. Un sinuoso precipicio que hace tambalear a la institucionalidad.