El actual juicio contra Cristina Fernández de Kirchner ha generado un aumento de tensión política y social que se está nacionalizando. La misma ex presidenta ensayó una defensa a través de las redes sociales, donde lo que primó fue lo emocional e ideológico, por sobre lo estrictamente jurídico. La pelea, para el kirchnerismo, entonces debe plantearse por fuera de los tribunales. Ya lo advierten en los cánticos, lo que implica que en ese intento de ganar la calle también arrastrarán al resto del sistema republicano.
Todo lo que tenga la ex mandataria para defenderse tiene que ser dentro de la legalidad. El estado de crispación, que no es nuevo, ya que definió su segundo mandato, asoma como una manera de meter presión a la Justicia. No hay otra forma de entender la agitación que se viene manifestando desde hace días, e incluso en Mendoza ya hay señales de que no dejarán que el camino judicial de la vicepresidenta, que es largo y no se agota en una posible condena en esta instancia, pueda desarrollarse con la institucionalidad que se requiere.
De igual manera, es inconcebible que el Gobierno nacional esté inmiscuido en los problemas penales de CFK y emita declaraciones al respecto, puesto que debería mantenerse al margen porque desata la confrontación entre poderes de la república. Y, a decir verdad, hay asuntos más preocupantes que afectan a millones de argentinos que todavía están pendientes de resolución.