Que el Gobierno haya decidido avanzar hacia la obligatoriedad de un pasaporte sanitario para acceder a ciertas actividades sociales abre la puerta a un fuerte debate acerca de las normas que regulan la libertad de acción y, paradójicamente, cuáles son los límites de los derechos individuales cuando entran en pugna con derechos colectivos.
En el medio, se pone en juego un concepto abstracto, como el de la salud pública, que es mucho más que la gestión estatal del sistema sanitario. Es la idea que se construye a partir de un contrato social con convenciones aceptadas por el todo, o al menos por la mayoría, tales como que la ciencia se basa en evidencia y que los avances sirven para mejorar la calidad de vida. En este punto, las vacunas fueron clave a lo largo de toda la historia. Allí no hay controversia.
Dejando de lado la paranoia y las teorías conspirativas de los llamados grupos antivacunas, el planteo más fuerte en contra del pasaporte sanitario llega desde aquellos que entienden que aún no existe la información científica suficiente como para, en todo caso, agregar las vacunas contra el coronavirus a un esquema de aplicación obligatorio. A eso, se añade el desmanejo político y comunicacional con que el Gobierno tiñó una situación que debería haber estado alejada de especulaciones ideológicas. Con el pasaporte sanitario, y teniendo en cuenta los antecedentes, nada descarta que ocurra algo similar. Ni hablar de la incapacidad mostrada para llevar adelante estas medidas.
La discusión es válida. Sin embargo, es absurdo comparar las restricciones vinculadas con el COVID con los inicios de la Alemania nazi y la discriminación a la que eran sometidos los judíos. Se frivoliza la barbarie del Holocausto y se ridiculiza la historia. Se ponen en valor hechos y personajes menores y se termina relativizando a los nombres más siniestros de la humanidad.