Nadie duda de que la Justicia es uno de los poderes del Estado que más críticas tiene. Las estadísticas marcan la desconfianza en la labor de los magistrados, y, en Mendoza, esta cuestión se llevó el debate político durante dos semanas, cuando se activaron los resortes constitucionales y se logró un consenso al que no siempre se llega por mezquindades. Ahora bien, luego de esto, es preciso que la dirigencia, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, retome la agenda pública, que tiene un menú complejo y conflictivo. Está ahí la inseguridad, profundizada, seguramente, por la marcha de la economía, entre otras causas. Si se baraja bien, se podrá encontrar la cuestión nada agradable de la pobreza: en el Gran Mendoza, 4 de cada 10 mendocinos están bajo la vara de la vulnerabilidad. 

Disminuyó de un año a otro, pero sigue siendo una vergüenza. Allí también hay mucho por hacer, más que entregar en tiempo y forma un bolsón de comida. Si conduce por las calles, tenga cuidado con los cientos de pozos que se encuentran en los departamentos porque puede destruir una rueda. Y, como sabemos, perder hoy un neumático es un drama. No hay que olvidarse de la desocupación. Desde hace años que la provincia no avanza, pero tampoco da marcha atrás. Está quieta y pierde oportunidades de negocio, sigue pensando en un modelo de desarrollo que no redistribuye mejor la riqueza porque da hasta donde puede. La diferencia cambiaria podría ser, al menos, una ventaja en cuanto al turismo, pero para eso hay que tener una Mendoza prolija en más de un aspecto y no hay que dormirse sobre las encuestas de imagen. Todo eso, y tal vez más, si uno se pone puntilloso, implica recuperar la agenda de las necesidades de los ciudadanos.