Durante años, la Justicia federal, que tenía que investigar los delitos de lesa humanidad, miró para otro lado, no sólo en aquellos años oscuros, cuando no había prácticamente ley, por la arbitrariedad de un gobierno militar que resolvió detener, torturar y desaparecer a personas sin el debido proceso.
No hubo ningún tipo de garantías; pero, tampoco, posteriormente –ya en democracia–, hubo esfuerzos en ese estamento del Poder Judicial para escuchar debidamente e investigar como corresponde.
Uno de los responsables de esta situación fue Otilio Romano, quien se manejó entre los despachos y pasillos del edificio de calle España con influencia y poder, hasta que la soga se tensó y estos delitos comenzaron a ser instruidos debidamente.
Todo ese tiempo de injusticia sirvió para extender la impunidad a los autores de varias atrocidades, así como también sobre los que ocultaron u omitieron. La memoria servirá, entonces, como otra forma de condena sobre una figura que se sirvió de los tribunales para garantizar los peores castigos.