La pandemia modificó en poco tiempo y de manera abrupta hábitos sociales, incluso, en algunas áreas donde se imponen rígidas normas de seguridad. Uno de esos ámbitos son las cárceles mendocinas. Hace dos años, la Justicia permitió que los presos puedan contar con teléfonos celulares. Esto, en principio, sirvió para mejorar algunos aspectos vinculados con temas básicos, como las visitas y procesales, como el hecho de favorecer la comunicación entre las personas privadas de libertad y sus abogados o con las instituciones jurídicas relacionadas con el sistema penitenciario.
Incluso, a favor, se dijo que mejoraban la relación con los familiares. Sin embargo, la situación también propició otras cuestiones vinculadas con lo delictivo, como las estafas o los falsos secuestros. Estos problemas fueron expuestos en una audiencia reciente y un juez deberá definir antes de que concluya el año si continúa vigente la resolución del 2020. En el fondo, lo que se cuestiona es el uso de las redes sociales y también el intercambio de chips, situación que es difícil de controlar para quienes tienen que velar por la seguridad interna.
Básicamente, los especialistas sostienen que se desvirtuó la idea natural de fortalecer la comunicación relacionada exclusivamente a su ámbito. Uno de los pedidos de las autoridades de los penales locales es la regulación de los contenidos en las plataformas. La definición sobre el uso de los móviles será resuelta en la semana que se inicia y hay una opinión consensuada sobre su extensión. Pero está claro que también hay que activar mecanismos institucionales para que un beneficio no termine en un acto delictivo.