En abril del 2022, una denuncia de beneficiarios del plan Potenciar Trabajo puso en evidencia a los gestores de la miseria: aquellos dirigentes políticos que gerenciaban un movimiento social para cobrar a los destinatarios un porcentaje de esa magra asistencia de la Nación.
Poco menos de un año después, la Justicia recepcionó una denuncia de damnificados por esta irregularidad. En otras palabras, hasta el momento, no hubo ninguna investigación de oficio que permitiera indagar en el clientelismo político de la provincia. Este tipo de intermediarios no deberían existir, pero están. Acumulan cierto poder territorial y voz de mando para gestionar una herramienta que debiera otorgar cierta independencia a los beneficiarios de la asistencia. Sólo la realidad de la política nacional y local permite que estos personajes puedan sobrevivir, pasar de un partido a otro y manejarse con cierta impunidad, percibiendo un diezmo donde no corresponde. La expectativa es que la investigación judicial desnude estos mecanismos.