Finalmente, el Gobierno nacional envió al Congreso su paquete de reformas con el que busca complementar el decreto de necesidad y urgencia, donde ya adelantaba que pretende derogar o modificar más de 300 leyes para desatar a la economía argentina de la maraña de normas que, según argumentaron, la perjudican.
Como hace una semana, se trata de un conjunto voluminoso de disposiciones sobre distintos aspectos de la política, la economía y lo social.
Por el momento, la presentación ha generado sentimientos encontrados: algunos consideran que el país se modernizará con estas propuestas y otros creen que el presidente va en busca de la suma del poder público.
Con todo, habrá que ponerse a leer la letra chica porque afecta más de un interés, de un sector y hasta de una provincia, entre ellas, Mendoza, puesto que ratifica las retenciones para el vino mendocino.
Como corolario, queda la sensación de que los cambios en este país con deudas como la pobreza deben darse en shock, sin graduación, en un juego al todo o nada, donde unos se arrogan una mejor lectura de la realidad y otros resisten por voluntad ideológica, sin encontrar puentes o puntos de consenso.
Lo que también está en emergencia en Argentina en alguna medida es esta falta de un proyecto que sirva como eje a los vaivenes y crisis, que pondere algunas cuestiones en común, consensuadas, sin tener que avasallar las instituciones.