Hay situaciones en las principales ciudades que se proyectan al resto del país. Son conflictos puntuales, que ejemplifican cómo se plantean las manifestaciones y qué tipo de respuesta institucional tienen. Cada vez que hay una protesta piquetera, no hay muchas posibilidades de ordenar el tránsito, sólo hay cortes de calle. Algo similar ocurre con la toma de colegios por parte de los estudiantes, quienes pierden días de clase.

Los bloqueos en las fábricas también generan un mecanismo de apriete que no puede tolerarse legalmente. Es una Argentina avasallada por la queja permanente, el reclamo constante, propio de una crisis que parte de lo económico y se extiende a otras áreas de la vida. Lo complicado es que, prácticamente, las acciones del Estado para encontrarle la vuelta al asunto sean tan débiles que, sin dudas, desnudan el momento de anomia que se vive.

Mendoza suele tener protestas que se han resuelto con fuertes multas si generan una complicación a terceros, como los cortes de tránsito. Pero, hasta ayer, no se había dado el fenómeno del acampe. Esto implica una profundización del conflicto social en una provincia que, con aciertos o errores, ha manejado el reclamo por parte de las organizaciones sociales. Llegar a esta instancia implica que ese método, el hecho de instalar una carpa en un espacio público para visibilizar un pedido, puede llegar a tornarse más serio si no se le encuentra una mejor respuesta. Está claro que la represión tampoco ayudaría, sino que agravaría la situación.

Cuanto más se complejizan los problemas que atravesamos y también mientras más se aproximan las elecciones, es probable que el estado de conflictividad no cese, más bien, todo lo contrario. Pero, lo que no se puede permitir es la ausencia de reglas ni hacer “lo que se me cante”.