Hay un denominador común en las estrategias judiciales que llevan adelante tanto el Gobierno nacional como Cristina Fernández, quienes, a la postre, terminan formando parte del mismo entramado.
Son falacias que se repiten una y otra vez y que, como tales, por definición, buscan llevar más al engaño que al esclarecimiento de una situación.
El arrebato contra la Corte y contra el sistema judicial está dado, fundamentalmente, por posturas políticas. Pero, hasta aquí no se han mostrado elementos de prueba que permitan determinar errores o falencias jurídicas en los fallos cuestionados.
Lejos de eso, se intenta desacreditar a los emisores de esas sentencias. Que es amigo de…, que jugó al fútbol con… o que participó de un viaje a…
Es cierto que el Poder Judicial debe ser cuestionado. No es la primera vez que jueces y fiscales están involucrados en maniobras espurias, pero la idea de generalizar y de tomar una parte por el todo es un episodio más de esa maniobra destinada a crear un relato que busca desprestigiar a quienes investigan.
En el último capítulo se da un camino peligroso, y tiene que ver con las filtraciones de supuestos diálogos de un funcionario de la Ciudad de Buenos Aires que, de ser ciertos, podrían desatar un escándalo. Pero, más importante que eso es determinar cómo se obtuvieron esos datos.
Es la base del Estado de derecho y de la legalidad. De lo contrario, se desencadenará una guerra de espionaje de todos contra todos, en un país que sigue esperando que alguien se acuerde de la gente.