Será una semana de definiciones a nivel nacional. Y no tiene nada que ver con el Mundial de fútbol, más allá de que la tensión social esté puesta en el futuro del equipo que conduce Lionel Scaloni. Para sorpresa de muchos, la vida del país tiene en agenda asuntos que son cruciales para lo que queda institucionalmente en pie, si es que queda algo.
La pelea a los gritos y a los insultos la semana pasada en el Congreso tuvo como origen la necesidad de frenar de algún modo la violación flagrante del reglamento de la Cámara de Diputados. Y entonces surge la duda: ¿cuál debería ser el camino lógico, racional y legal para evitar los avasallamientos de este tipo? ¿Judicializar absolutamente todo porque ya no existe pudor en hacer trampa y, encima, celebrarlo? Estamos a horas de que un tribunal dicte una sentencia en la denominada causa “Vialidad”, en la que Cristina Fernández de Kirchner es la principal acusada. Más allá de los pataleos mediáticos y en redes sociales, el proceso judicial cumplió con todas sus etapas; hubo garantías para todos los involucrados y serán los jueces quienes deberán ponderar el material de prueba aportada. Y esa sentencia podrá ser absolutoria o condenatoria. En cualquiera de los casos, hay posibilidad de apelar en tribunales de alzada. Es parte de los derechos que tenemos todos los argentinos. Lo que no puede ocurrir es que un grupo crea que está por encima de la ley y no respete los fallos, porque cuando eso ocurra, se romperá para siempre el orden institucional y democrático.