Es llamativo que cuando una persona que atraviesa una situación de pobreza y acude pidiendo ayuda a cualquier municipio, se le solicite todo tipo de documentación y se pida el aval aprobatorio de una trabajadora social para cada caso, mientras que las grandes empresas petroleras sólo tienen que presentar un tipo de declaración jurada acerca del volumen que han extraído, sobre la cual se determinará el gravamen correspondiente.

   Es alarmante la increíblemente débil estructura de control por parte del Estado sobre esas simples declaraciones juradas de las petroleras, cuando, por la magnitud de su aporte al fisco, deberían tener, sin dudas, muchísimos más ojos encima. Es urgente y necesaria una nueva política pública de hidrocarburos, en la que el Estado recupere áreas estratégicas como el gas y el petróleo, para poder utilizar esa renta gigante para terminar con la pobreza en Mendoza y en toda Argentina. Pero esta vez, con empresas públicas que intervengan en la economía con mecanismos de control efectivos de sus trabajadores y usuarios.