La estafa que se viene consumando a los jubilados desde el gobierno de Menem (1994) a la fecha parece importarle poco no sólo al presidente, sino también a los dirigentes nacionales de la CGT, ya que la concurrencia a la Rosada es para arreglar sus problemas e intereses, olvidándose de los jubilados que los eligieron para que los representen. El Congreso, que recibe órdenes del presidente, ha hecho oídos sordos al pedido de la Suprema Corte para que traten la movilidad de las jubilaciones, razón por la cual los senadores Sanz (Mendoza) y Morales (Jujuy) se han visto obligados a recurrir al máximo tribunal para entregar antecedentes que acrediten “la falta de voluntad” del Gobierno, como lo establece el artículo 14 bis de la Constitución. Es lamentable que los “gordos” de la dirigencia sindical no exijan al Gobierno el cumplimiento de la Constitución para que no se siga estafando a los jubilados.