Hace mucho tiempo que la luz amarilla estaba encendida. Como siempre sucede en este país, nadie hace caso de las alarmas. Parece que la consigna es: esperemos los acontecimientos para ver dónde ponemos los parches. La responsabilidad es compartida: por un lado, el Gobierno; por el otro, los receptores del servicio; en el medio, los que deben servir.
Los responsables de conducir los destinos de la provincia desde hace más de un año estaban más preocupados por las pujas de poder que por gobernar, y las respuestas que dieron fueron insuficientes. Siempre trataron, con medidas de contingencia, acallar esas voces de protesta, hasta que llegaran las elecciones. La verdadera respuesta es una política de Estado que sea encarada de una vez por todas.
Las autoridades electas tienen la palabra. El pueblo, destinatario de los servicios, porque paga impuestos, se siente estafado. Sin embargo, sus débiles protestas apenas son escuchadas. Para agravar la situación, un grupo minúsculo responde con violencia física (agresiones de todo tipo y tenor) a quienes los sirven. Los efectores de la salud sienten que son explotados, pues no se valora el trabajo que realizan dentro de la sociedad. Así de simple. Así estamos.