Alberto Iribarne fue propuesto por nuestro Gobierno como embajador ante la Santa Sede pero el Papa lo rebotó. Cuando leí la noticia pensé: “¿Se le habrá descubierto algo extraño de su época de ministro de Justicia a este hombre? ¿Será como el caso del papá de Máxima Zorreigueta, que no lo dejaron ir al casamiento de su hija por su pasado colaboracionista? ¿Será por su falta de idoneidad para el cargo?”. Avancé en la lectura de la información y, claro, se me había pasado por alto algo fundamental: Iribarne es divorciado.
Es decir, no es acusado de infiel ni de bígamo ni de haber violado a novicios, sino de tener blanqueada su situación amorosa. Hice una reflexión que excede mi condición de defensora del sincericidio y llegué a una conclusión: El Vaticano tiene razón. Iribarne tendría que haber elegido entre algunas opciones. Por ejemplo:
1) Pedir la anulación de su matrimonio, previo pago de los abultados diezmos pertinentes,“por no haberse consumado como era debido” (¿Acaso no argumentó eso la inocente princesa Carolina de Mónaco cuando se cansó del playboy Junot y lanzó su artillería pesada contra el jovencísimo Casiraghi?),
2) Haber seguido casado. No hay nada más cómodo que mantenerse en el club de los mal casados,“por los chicos, por el qué dirán, por la familia, por la religión”, y
3) Hacer la gran Bill Clinton. Dejo aquí las opciones, por supuesto que hay más. Lo concreto es que, con tantas posibilidades de borrar con el codo lo que escribió con la mano que tiene Iribarne para entrar en el club de los agraciados de la Iglesia católica, se merece muy bien que no lo acepten.