Una de las características negativas del gobierno de Celso Jaque es su intención permanente de limitar o, directamente, desconocer el derecho de huelga consagrado por la Constitución Nacional.
Apelando a presentaciones judiciales, impulsando un nuevo código de faltas que permita reprimir las movilizaciones populares, descontando los días de protesta de los ya magros salarios públicos, instrumentando medidas para amedrentar o directamente con la descalificación o la amenaza, como sucede en el caso de los judiciales.
Presume el Gobierno de su vocación democrática y dialoguista porque la discusión salarial se da dentro del marco de las paritarias. No basta. Sobre todo cuando esa paritaria se utiliza, en muchos casos, como un recurso dilatorio o se sabe de antemano que fracasará porque se sancionó un Presupuesto –que, junto a Alejandra Naman, votamos en contra– sin previsiones mínimas de actualización salarial, desconociendo así las directivas de la OIT, que aconseja que se acuerden, por lo menos de palabra antes de la sanción presupuestaria, las actualizaciones salariales indispensables para mantener el poder adquisitivo o de compra de los salarios.
En el caso especifico del conflicto judicial, sería mejor que el gobierno de Celso Jaque –en vez de amenazar y descalificar– asumiera la cuota de responsabilidad que le corresponde por haber destruido toda proporcionalidad o equidad en la escala salarial del poder judicial y haber condicionado cualquier recomposición salarial a una mayor recaudación que, de antemano, el Gobierno sabía que no se produciría. Evitemos que una vez más el hilo se corte por lo más delgado.