El artículo 125 de la Constitución Nacional garantiza el mantenimiento a los provincias de los organismos de seguridad social para empleados públicos provinciales y municipales. Mendoza lo poseía –creado entre 1926 a 1931– pero fue transferido irracionalmente durante la gestión del entonces gobernador Arturo Lafalla. Esto privó a la provincia de sus recursos genuinos y marcó un retroceso canibalesco, cuyas consecuencias en inseguridad las estamos padeciendo todos.
Ellos eran para promover el progreso económico, agricultura, ganadería, minería, comercio, el desarrollo humano, la generación del empleo, la educación, la ciencia, el conocimiento y la cultura. Desde esa fecha –1995 al 2010– es decir quince años, los siguientes gobernadores no hicieron nada para reparar tamaño daño al soberano.
Hoy, 2010, les corresponde a los actuales gobernantes, legisladores nacionales, provinciales, intendentes y ediles actuar con inmediatez (es su responsabilidad) para construcción de escuelas, hospitales, rutas, viviendas cuyo déficit ronda la cantidad de 100.000, y atender las áreas sociales de toda la provincia, con la correspondiente generación de empleo. Urge disponer, en consecuencia, distraído, no.