De adoptar el derecho que le otorga el artículo 123 de la Constitución nacional, los municipios no debieran estar enfrentando los inconvenientes aparecidos recientemente con las empresas prestadoras de servicios como OSM SA, Edemsa SA, Ecogas SA, hoy en manos de capitales privados irracionalmente durante la década menemista-duhaldista-rucauf 1989 a 1999. Los sueldos de los administradores (gerentes) son tan elevados que causan estupor sus importes.
Las obras cloacales y de suministro de agua potable en cada municipio son construidas con recursos propios de cooperativas, uniones vecinales y del mismo municipio, razón por la cual deben ser administradas por estos, porque son sus facultades indelegables. Los gobernantes provinciales, Poder Ejecutivo, y legisladores tienen la responsabilidad legal y ética de normalizar con urgencia dicha situación, transfiriendo a los municipios su correspondiente administración. Los problemas suscitados entre el Gobierno y las privatizadas se hubieran evitado de haberse mantenido las mismas en manos del Estado.
Surge ahora el chantaje y la extorsión con las tarifas dispuestas en forma unilateral que no estamos en condiciones económicas de afrontar por 1º ilegal, 2º sus importes no tienen relación con el servicio diferenciado prestado, 3º no se han efectuado las obras de infraestructura convenidas en los pliegos del convenio, con lo cual debe rescindirse de inmediato. La experiencia de las privatizaciones en el mundo ha demostrado que ha sido un despojo a los usuarios. Urge su estatización. Distraídos, no.