El escándalo policial por las irregularidades que se detectaron en el manejo de los servicios extraordinarios seguirá dando que hablar. El director de la Inspección General de Seguridad (IGS), Marcelo Puertas, señaló que como mínimo hay unos 20 policías más sospechados de irregularidades. Y entre ellos otros cuatro comisarios generales están en la mira, además de los cuatro que fueron pasados a pasiva.

Esto significa que de los 30 comisarios generales que hay en la provincia al menos ocho han tenido presuntamente un comportamiento dudoso que se investiga desde la IGS. “Es un hecho trascendental lo que ha sucedido, estoy convencido que la mayoría de la Policía es honesta aunque hay algunos involucrados en la corrupción”, sostuvo Puertas.

“Los jefes departamentales tendrían que saber esas cosas”, indicó Puertas, haciendo referencia a que cargos de menor jerarquía a los de un comisario podrían estar también involucrados con los desmanejos.

La noticia se conoció este martes cuando en una conferencia de prensa el Ministerio de Seguridad comunicó que cuatro comisarios fuero separados y pasados a pasiva por detectar irregularidades en el manejo de servicios extraordinarios. Los involucrados son Gustavo Walter Garis, Edgardo Mestre Medina, Darío Irrutia, Víctor Loyola.

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Entre las irregularidades investigadas se detectó que, por ejemplo, policías que debían estar en las comisarias estaban realizando servicios extraordinarios y que incluso a quienes estaban realizando esos servicios no se les abonó por el trabajo.

Ahora los comisarios tendrán su derecho a defensa por lo que el proceso podría durar unos cuatro meses, según estimaron desde la IGS.

Por otra parte, importantes exfuncionarios de la gestión justicialista calificaron de “imprudente” al manejo que hace el gobierno cuando difunde investigaciones que son administrativas. En ese sentido tildaron de “inexpertas” a las autoridades actuales, ya que consideran que al ventilar esta información se genera un “enorme problema” en el interior de la fuerza.

Sobre este tema se expresó el titular de la Bicameral de Seguridad, el diputado Mario Díaz, quien adelantó que en la reunión del jueves pedirá que se cite al jefe de la Policía, Roberto Munives para que brinde detalles profundos sobre esta situación.

Sin embargo al legislador del FpV no le cierran los números que presentaron desde el oficialismo. “Puede haber errores para sanciones pero no creo que exista tal nivel de corrupción de que se lleven 10 millones de pesos, que es la recaudación mensual, sin que nadie diga nada”, advirtió.

Díaz considera que, en algunos casos, se trata de una “cuestión política” porque quieren sacar a policías a los que se los vincula con el gobierno anterior. De hecho fuentes oficiales dejaron ver que estos cuatro comisarios desplazados están fuertemente vinculados con el ex vicegobernador Carlos Ciurca.

Además desde la oposición surgió otra sospecha vinculada a una posible “cirugía mayor” del Gobierno en el Ministerio de Seguridad, para terminar con los servicios extraordinarios después de dar a conocer estas situaciones.