Durante el período enero 2014-marzo 2015 la Fiscalía de Estado logró cobrar 55 juicios derivados del Tribunal de Cuentas por un monto total de casi 99 mil pesos. En este periodo estuvo a cargo del organismo de control, el fiscal subrogante, Javier Fernández. Luego, durante la gestión de Fernando Simón, que ingresó en abril del año pasado, los juicios cancelados ascendieron a 79 y la recaudación llegó a unos 349 mil pesos. Es decir, el monto de cargos y multas creció un 252%.

Hay que diferenciar que cuando el Tribunal de Cuentas dicta un fallo, puede imponer cargos o multas. El cargo es el dinero que “uno o más responsables solidarios deben restituir por salidas de caudales ilegítimas o no comprobadas o por faltante de bienes”, mientras que la multa es una “sanción de naturaleza económica que se impone en razón de un procedimiento administrativo irregular u otro incumplimiento de las personas que intervienen en la administración de fondos públicos”.

Durante el período de Fernández se cancelaron 7 cargos y 48 multas, mientras que desde que asumió Simón se cancelaron 16 cargos y 63 multas en total.

Fuentes de la Fiscalía indicaron que el aumento en la recaudación, se debe en primer lugar a que hubo más juicios y que además se han “intensificado” las acciones de cobranza.

Además en los últimos tres años comenzaron a realizarse los embargos correspondientes sobre autos, inmuebles e inhibiciones por lo que las personas sancionadas se vieron obligadas a pagar. En torno a esto, esta semana se conoció que el organismo de control emitirá una resolución para que se cumple con la ley y se pueda retener el 20% del sueldo a los funcionarios que no paguen las sanciones impuestas.

En cuanto a los casos que derivaron en denuncias penales, desde abril del año pasado hasta el 26 de agosto del corriente año, se registraron 123 movimientos, de los cuales 21 expedientes que terminaron en la justicia corresponden al 2016 y de los 123, 14 fueron derivados de los fallos del Tribunal de Cuentas.

Hay que recordar que el artículo 52 de la Ley N° 1.003 (Tribunal de Cuentas) obliga al fiscal de Estado a realizar las denuncias en la justicia cuando el fallo muestre que se ha cometido alguno de los delitos previstos por las leyes penales o cuando haya presunción.