La Unidad de Información Financiera (UIF) ubicó al diputado nacional Máximo Kirchner como presunto “organizador” de la asociación ilícita investigada en la causa Hotesur-Los Sauces. La acusación sostiene que participó de una estructura destinada a sustraer fondos públicos mediante maniobras de defraudación contra el Estado y lavado de dinero, a través de la sociedad inmobiliaria de la familia Kirchner.

La querella también señaló a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner como presunta jefa de la organización. Según el planteo de la UIF, diseñó, ejecutó y dirigió un “esquema de reciclaje de fondos de origen ilícito a través de Los Sauces”, mediante el cual se habrían legitimado recursos provenientes de empresas vinculadas a los grupos empresarios de Lázaro Báez y de Cristóbal López y Fabián De Sousa.

La lectura del requerimiento de elevación a juicio avanzó sobre las responsabilidades individuales de los acusados. En ese tramo, la UIF sostuvo que Máximo Kirchner también recibió fondos de los empresarios investigados mediante el cobro de honorarios como director de Los Sauces. De acuerdo con la acusación, retiró de la sociedad $2.492.415,69, que habrían tenido su origen en los pagos realizados por esas compañías.

Uno de los puntos centrales de la presentación fue la compra de dos inmuebles de Los Sauces: el departamento ubicado en San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, y una propiedad en la calle Mascarello, en Río Gallegos. Según la querella, ambos fueron utilizados con fines particulares por Cristina y Florencia Kirchner, y su adquisición se habría financiado con dinero aportado por los grupos empresarios involucrados en la investigación.

En particular, la UIF cuestionó la falta de transparencia en las operaciones para comprar el departamento de San José 1111, donde actualmente Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario. La acusación describió movimientos de fondos entre cuentas personales y de la sociedad, con depósitos en efectivo cuya procedencia y ordenante no habrían quedado debidamente registrados.

Según el planteo, el dinero fue transferido desde una cuenta del Banco Nación de Río Gallegos hacia otra de la sucursal Plaza de Mayo. La UIF sostuvo que en ambas operaciones se omitió identificar a la persona que dio la orden y que los fondos, registrados como depósitos en efectivo de Los Sauces, habrían provenido de una caja de ahorro que la entonces presidenta tenía en la entidad bancaria. Para la querella, esa “opacidad” impidió determinar con precisión cómo se pagó el inmueble.

La presentación también describió los mecanismos que, según la acusación, utilizaron Cristóbal López y Fabián De Sousa para transferir recursos a Los Sauces bajo la apariencia de contratos de alquiler. Uno de ellos fue el pago por el uso de amenities y espacios comunes del complejo Madero Center, pese a que esos servicios ya estaban incluidos en la cesión de la unidad utilizada por De Sousa.

El segundo mecanismo involucró a las firmas M&S y Los Sauces. En 2012, Máximo Kirchner, en representación de la sociedad familiar, firmó un contrato con M&S para alquilar un dúplex ubicado en los pisos 8 y 9 del mismo edificio, por un plazo de tres años. La UIF sostuvo que los valores abonados superaban entre un 100% y un 150% los precios de mercado y que, bajo la apariencia de alquileres, se habrían canalizado fondos hacia el patrimonio de la familia.

La querella afirmó que Los Sauces recibió una inyección constante de dinero de empresarios que, a su vez, eran beneficiados con contratos estatales, concesiones viales y de juego. Según la pericia contable citada durante la lectura, la sociedad experimentó un crecimiento significativo desde 2018 y habría funcionado como parte de un circuito de movimientos bancarios destinado a dar apariencia de legalidad a fondos de origen ilícito.

En ese marco, la UIF sostuvo que los alquileres se pactaron por encima de los valores de mercado y que los pagos constituyeron una forma de canalizar recursos a la sociedad de los expresidentes y su núcleo familiar. La acusación también incluyó la presunta aceptación de dádivas por parte de Cristina Kirchner de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.

La audiencia correspondió a una nueva jornada del juicio por Hotesur y Los Sauces, en la que continuó la lectura de la acusación de la UIF. Durante el debate, el presidente del tribunal, Michilini, interrumpió momentáneamente la exposición porque De Sousa no aparecía conectado a la audiencia virtual. Una vez que el empresario encendió su cámara, se retomó la lectura.