La Fiscalía de Estado de Mendoza resolvió esta semana que, antes de cualquier autorización por parte del Ejecutivo provincial, la Municipalidad de Las Heras deberá subsanar deficiencias normativas e institucionales antes de acceder a un endeudamiento bancario de hasta $10.000 millones para el cual se anotó la comuna dirigida por Francisco Lo Presti.
Mientras Las Heras intenta avanzar con una autorización “en blanco” y sin destino especificado, el municipio vecino de Guaymallén –con grandes problemas financieros– ya completó el circuito técnico y logró el respaldo del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para colocar un monto idéntico destinado a un proyecto de energías renovables.
Las condiciones impuestas a Las Heras
La intervención del órgano conducido por Fernando Simón se dio en el marco del Expediente EX-2026-08312220, dictaminado a través del Dictamen Nº 855/26. El municipio pretende emitir el decreto autorizante provincial respaldándose en los artículos 31 y 32 de su Ordenanza Presupuestaria Nº 53/25 y en el Decreto Municipal Nº 1.293/26, que aprobó las condiciones de financiamiento presentadas por el banco en cuestión.
Sin embargo, el análisis de la Fiscalía de Estado concluyó que no es posible dictar la autorización provincial debido a dos falencias en particular.
Primero, la ausencia de tope financiero. La Ordenanza Nº 53/25 aprobó el uso del crédito de forma “genérica”, sin fijar un límite máximo ni establecer parámetros objetivos para calcular la cuantía de la deuda.
Asimismo, el texto normativo omite precisar a qué obras, equipamiento o inversiones específicas se destinarán los recursos obtenidos del préstamo.
“No se consigna monto alguno del endeudamiento autorizado, es decir, no se establece un límite máximo ni se incorporan parámetros objetivos que permitan determinarlo, y tampoco se identifica claramente la finalidad, destino u objeto al que deberán aplicarse los fondos que se obtengan de la operatoria financiera que se concrete en consecuencia”, indica el escrito de la Fiscalía de Estado.
En su dictamen, enfatizó que la fijación de la cuantía y el destino de la deuda son potestades exclusivas e indelegables del Concejo Deliberante. Conceder una habilitación “genérica” -término utilizado por el órgano de control- para que el Ejecutivo tome crédito sin límites definidos “desnaturaliza el principio republicano de división de poderes”.
Por este motivo, para destrabar el decreto de autorización provincial, la Fiscalía de Estado exigió a Las Heras cumplir obligatoriamente dos condiciones previas: primero, sancionar una nueva Ordenanza Municipal en el Concejo Deliberante (con la mayoría de dos tercios de sus miembros) que determine expresamente el monto máximo del crédito y especifique de forma precisa el destino de las partidas; y, segundo, adecuar el Decreto Municipal Nº 1.293/26 (o emitir un nuevo acto administrativo) para encuadrar formalmente el contrato bancario en la nueva norma del Concejo.
Ante la consulta de El Sol, desde el municipio se limitaron a responder de forma escueta que “Las Heras, al día de la fecha, no ha tomado deuda”, pese a que la documentación de la Fiscalía de Estado data del lunes 2 de noviembre.
No es la primera vez en el año que Las Heras toma decisiones financieras de este tipo. En febrero, el Gobierno provincial le giró un anticipo de $1.500 millones con cargo a los fondos que le corresponden por coparticipación. En aquel entonces, desde el equipo de Lo Presti argumentaron que el dinero se utilizó para pagar certificados de obra y no para gasto corriente. En lo que refiere al monto pedido a la entidad bancaria, no hay precisiones sobre para qué se usaría, tal como manifestó la Fiscalía de Estado.
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El caso de Guaymallén
La situación de Las Heras toma mayor dimensión al equipararse con el caso de la Municipalidad de Guaymallén. Ambas comunas salieron a buscar la misma cifra –$10.000 millones– y acudieron al mismo agente financiero, el Banco Supervielle. No obstante, el trámite de Guaymallén recorrió un carril distinto.
Guaymallén fundamentó el endeudamiento para construir un Parque Solar Municipal. Al tratarse de una obra pública de infraestructura orientada a la transición energética, la colocación se estructuró bajo la modalidad de bono verde.
Tras atravesar las distintas etapas de análisis de sustentabilidad fiscal y cumplir con parámetros, la operatoria de Guaymallén obtuvo el dictamen favorable y la aprobación formal del Banco Central de la República Argentina (BCRA), quedando en condiciones regulatorias de ejecutar la toma de fondos.