El análisis del teléfono permitió reconstruir negociaciones por cocaína y marihuana, precios de municiones, ofertas de armas y ganancias del narcomenudeo. Los chats y audios fueron una pieza clave para avanzar sobre una organización que protagonizó la guerra narco del oeste de Godoy Cruz y terminó condenada por la Justicia federal a fines de agosto, tal como reveló El Sol.
El celular guardaba mucho más que conversaciones personales. Entre mensajes de WhatsApp, audios y fotografías, los investigadores encontraron rastros de un negocio que combinaba la venta de estupefacientes con la búsqueda de armas de fuego y municiones, mientras sus integrantes discutían cuánto ganaban y quién debía poner dinero para sostener el armamento.
Este diario accedió al material luego del fallo condenatorio para demostrar cómo actúan las bandas delictivas de estas características. El aparato pertenecía a Alan Uriel Campos Forquera, conocido como Farolito, uno de los principales referentes de una estructura que operó en el oeste de Godoy Cruz hasta mediados de marzo del 2024, cuando fue desbaratada en parte.
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La información recuperada por la Policía contra el Narcotráfico (PCN) permitió reconstruir sus vínculos con otros integrantes del grupo, entre ellos Miguel Ángel Valdivia, alias el Pollo (asesinado días antes de las capturas), y avanzar sobre conexiones que condujeron a un presunto proveedor de drogas y armas: José Luis Vargas Mansilla, conocido como José del Susso, también sentenciado en esa misma causa.
Los mensajes o chats también fueron fundamentales en la instrucción. En los intercambios hallaron consultas por precios de cartuchos de distintos calibres, ofrecimientos de pistolas y armas largas, negociaciones por cantidades de sustancias prohibidas y cuentas sobre las ganancias que dejaban las ventas. También quedaron registradas discusiones por los gastos en municiones y la decisión de algunos integrantes de no seguir financiando al resto.
El contenido adquirió otra dimensión cuando se lo ubicó en el contexto en el que fue obtenido. Desde fines del 2023 y hasta marzo de 2024, las barriadas populares de ese sector del oeste atravesaron una escalada de violencia entre grupos violentos que buscaban controlar los puntos de venta de cocaína y marihuana en diversos búnkeres.
Hubo tiroteos reiterados, personas heridas y víctimas fatales ajenas al enfrentamiento. Los procedimientos policiales y las investigaciones judiciales terminaron por exponer la estructura de una de esas bandas, con el Farolito entre sus principales protagonistas.
Chats por balas y mercado negro de armas
Uno de los aspectos más reveladores del teléfono son los intercambios vinculados con la compra y venta de municiones. Las conversaciones no se limitaban a mencionar armas de manera circunstancial: incluían consultas por calibres, cantidades, precios unitarios y posibles proveedores.
Por citar algunos de los diálogos, el 21 de enero del 2024, el Farolito mantuvo una conversación con un contacto agendado como “Mecha”, a quien los pesquisas vincularon con el ofrecimiento de proyectiles y armas de fuego de distintos calibres. El intercambio comenzó con una consulta sobre los cartuchos que le habían mostrado.
¿De qué tiene ahí de 9 y de qué más? ¿Esos cartuchos son del 12? ¿No son de goma esos, no?, preguntó Campos Forquera.
En la conversación, su interlocutor le envió referencias a municiones de diferentes calibres y precios. Entre los valores mencionados figuraban cartuchos calibre 9mm a 2.500 pesos cada uno, municiones calibre 380 a 2.000 y para escopeta a 2.000 pesos por unidad, según se desprendió del material analizado.
La respuesta del Farolito permitió concluir que también comparaba esos valores con los que manejaba su grupo.
“Nosotros estamos pagando la caja de 9 en 55 y el ‘confite’ ese está más o menos saladito, pero bueno, ahí cualquier cosa te aviso, ahí hace ratito se fue ese”, dijo.
Los investigadores interpretaron que la conversación estaba relacionada con operaciones de compra y venta de municiones. En ese contexto, señalaron que la expresión “confite” hacía referencia a los cartuchos.
El mismo contacto ofrecía armas. En un audio de ese mismo día, Mecha enumeró algunas de las que tenía disponibles y puso un precio por el conjunto.
“Ese calibre también, compañero, sabe, por si llega a querer alguno: hay una Talita, un 22 corto, hay un 38 y una carabina. Todo eso por 600 lucas”. La conversación continuó con una negociación por el precio.
El interlocutor que aparece en el material como “Loko Humilde Real” -Campos Forquera-, identificado como propietario del celular analizado en ese intercambio, respondió que podía conseguir el conjunto por una cifra menor y obtener una diferencia por intermediar en la operación.
“220 me hace todo eso, compañero, le soy sincero. Me lo hacen en 200 y me estoy ganando 20 para que lo venga a buscar y se lo lleve a usted”, explicó.
La secuencia evidenció una negociación en la que se discutían precios y posibles intermediaciones para la adquisición de armas. Para los investigadores, estos intercambios permitieron profundizar la línea vinculada con el acceso del grupo a armamento por fuera de los circuitos legales.
Las consultas no se agotaban en ese contacto. En diciembre del 2023, el propio Farolito había preguntado a otra persona, identificada como TAM, cuánto costaban dos armas que aparecían en una fotografía.
¿Qué precio tienen esas Tami?, consultó el 24 de diciembre de ese año, a la 1.04.
La respuesta llegó menos de dos minutos después:
Tres y medio la grandota y 900 la otra, con un cargador de 30 y uno de 50.
El intercambio continuó con una nueva pregunta sobre otra de las armas exhibidas en una imagen. En otro audio de esa misma jornada, Campos Forquera volvió a preguntar si podían conseguirle cajas de municiones calibre 9 y 40, y pidió que le averiguaran los precios.
“Hola, Tami, escuchame, ¿vos no sabés a quién le podemos comprar ahora unas cajas de balas de 9, de 40? ¿Vos me podés averiguar eso?
La respuesta fue inmediata: “Ahora ya pregunto”.
En otro tramo de las conversaciones, el Farolito habló de conseguir municiones de calibres 40 y 45, además de otras vinculadas con armas largas. También planteó que algunos integrantes debían aportar dinero para comprar sus propias balas.
“Nosotros ahora vamos a juntar plata porque los únicos que pusimos plata para comprar cajas de balas somos yo y vos y el Facundo (Valdez, también condenado) nomás, culiado. Si nosotros tampoco le vamos a estar dando balas a estos culiados y todos hacen plata, ¿entendés?, reclamó en un audio del 19 de enero del 2024.
En otro mensaje de esa misma tarde insistió con la idea de separar los gastos.
“Si no, bueno, que ellos se compren lo suyo y nosotros compramos lo de nosotros, porque hemos estado gastando nosotros nomás”, dijo.
La conversación evidenció que la compra de municiones era un asunto que generaba discusiones internas dentro de la red narco. No se trataba solamente de conseguirlas: también debían resolver quién pagaba por ellas y cómo se distribuía ese gasto entre los integrantes de la organización.
Para los investigadores que hablaron con este diario, que participaron de esos trabajos y que permitieron llegar a un fallo condenatorio, estas pruebas evidenciaron cómo la estructura financiaba y acopiaba armas para enfrentar a sus rivales con el objetivo de ganar terreno y mantener un negocio narco que movía millones de pesos en las barriadas del oeste.

Cuánto ganaban con la venta de drogas
Justamente, el teléfono también permitió reconstruir conversaciones sobre el dinero que dejaba el narcomenudeo. En uno de los audios, el Farolito se refirió a las ganancias obtenidas con la comercialización de los estupefacientes y explicó que había hablado del tema con Facundo Valdez, otro de los integrantes del grupo.
“Sí, hermano, sí estuvimos hablando con el Facu. Vos ponete a pensar: estamos sacando 52, 53 lucas de ganancia de la mercadería de 500. Imaginate cuánto nos está quedando, ni 8 lucas ni 6 lucas, para estar vendiendo 130 bolsas, 120 bolsas”, afirmó.
La frase quedó incorporada entre los elementos analizados por los detectives policiales y federales para reconstruir la actividad económica de la banda. El intercambio aludió a márgenes de ganancia y cantidades de bolsas comercializadas, en una conversación en la que los integrantes discutían el rendimiento del negocio.
El material también contiene mensajes sobre la disponibilidad de cocaína y marihuana. En uno de los diálogos, Forquera explicó que tenía unos 100 gramos de una sustancia, mientras que en otra conversación se mencionó la posibilidad de conseguir entre 200 y 300 gramos para vender.
En otro intercambio, la respuesta ante una consulta por una cantidad mayor fue que el proveedor todavía no había conseguido la mercadería y que el precio había aumentado. Las conversaciones evidenciaban cómo los integrantes hablaban de cantidades disponibles, posibles abastecimientos y valores de venta.
En el caso de la marihuana, uno de los audios atribuidos a Mecha, el mismo de las armas, incluía una referencia a que tenía compradores para la sustancia y que necesitaba conseguir más. Esa conversación se sumó a los indicios que los pesquisas utilizaron para profundizar sobre los contactos vinculados con el suministro de drogas.
A diferencia de las escenas de violencia que habían quedado expuestas en las calles, principalmente en el Campo Papa, los mensajes permitieron mirar el funcionamiento cotidiano del negocio: las consultas a proveedores, las cantidades que podían conseguir, las ganancias que esperaban obtener y las discusiones sobre los gastos que debían afrontar.
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El dinero, las armas y las conexiones
El análisis de los celulares secuestrados durante los procedimientos permitió ampliar la causa más allá de los vendedores que operaban en los barrios. Reconstruyeron contactos con personas que tenían acceso a cantidades de droga y a armas que luego podían llegar a integrantes de la organización.
Entre esos nombres apareció José Luis Vargas Mansilla, conocido como José del Susso. El expediente lo ubicó como un proveedor que mantenía vínculos con Campos Forquera, su cuñado Facundo Valdez y otros integrantes del grupo.
La causa describió a Vargas Mansilla como una persona que no solamente conseguía estupefacientes, sino que también tenía contactos para ofrecer armas de fuego. Los investigadores detectaron referencias a operaciones con pistolas y armas largas, algunas de ellas cotizadas en dólares.
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Entre los elementos que aparecían mencionados en el caso estaban subfusiles FMK3 y un FAL calibre 7.62 con municiones. Además de los mensajes, se encontraron fotos de armas en teléfonos celulares y en redes sociales vinculadas con los protagonistas de la trama.
Las pesquisas también detectaron movimientos de dinero en pesos y moneda extranjera (dólares) relacionados con las operaciones investigadas. En los procedimientos se secuestraron sumas de dinero, teléfonos y elementos asociados con el fraccionamiento de estupefacientes.
El teléfono del Farolito fue importante para reconstruir esas relaciones. Las conversaciones con el Pollo (su principal socio) y con otros integrantes permitieron avanzar sobre la conexión entre quienes distribuían droga en los barrios y quienes podían abastecerlos.
La causa dejó así al descubierto un circuito que excedía los puntos de venta minorista: incluía contactos para conseguir mercadería, negociaciones por armas y una circulación de dinero que sostenía las operaciones.
Una guerra narco con víctimas
El contenido del celular cobró relevancia por el escenario en el que se desarrolló la investigación. El Campo Papa y los barrios cercanos quedaron atravesados por enfrentamientos entre grupos que buscaban controlar los sectores de comercialización de cocaína y marihuana.
Los investigadores de la Policía de Mendoza llegaron a contabilizar entre cuatro y cinco organizaciones enfrentadas por el territorio. Los tiroteos se repitieron y algunos de sus protagonistas exhibían armas de fuego en redes sociales. La violencia también alcanzó a personas que no formaban parte de las disputas.
Una de ellas fue Isabel Morales, de 63 años, quien recibió un disparo en la cabeza al quedar en medio de uno de los enfrentamientos. El asesinato del Pollo, Miguel Ángel Valdivia, también marcó un punto de inflexión en la escalada: el 6 de marzo del 2024 fue atacado a balazos en una gomería familiar de calle Salvador Civit.
Valdivia recibió nueve disparos. Para entonces, ya había sufrido otro ataque y se encontraba en silla de ruedas. La causa por su muerte se desarrolló en paralelo con las pesquisas sobre la organización que integraba junto con el Farolito.
Seis días después, un operativo de gran magnitud movilizó a más de 800 policías y permitió registrar viviendas en distintos sectores del oeste. Hubo 65 aprehendidos, 28 de ellos con pedidos de captura. En el sector conocido como La Olla encontraron armas cortas y largas enterradas, además de chalecos antibalas. También secuestraron cocaína y marihuana fraccionadas para la venta.
En otros procedimientos fueron incautadas armas de fabricación casera, pistolas y armas largas. Algunas presentaban similitudes con las que habían aparecido en fotografías vinculadas con los referentes de las organizaciones. Los teléfonos secuestrados en esos operativos se convirtieron en una fuente de información para profundizar las investigaciones.
Fue a partir de ese trabajo que la PCN pudo reconstruir buena parte de las comunicaciones y los vínculos del grupo del Farolito. El análisis de los dispositivos permitió conectar conversaciones sobre droga, armas y dinero con personas que ocupaban diferentes lugares dentro del circuito investigado.
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Las condenas y la prueba digital
La causa llegó a una resolución en el Tribunal Oral Federal Nº 2, donde el juez Alejandro Waldo Piña homologó un acuerdo de juicio abreviado presentado por el fiscal Federico Baquioni y las defensas. Nueve personas recibieron condenas por delitos vinculados con estupefacientes.
Tal como publicó este diario, el Farolito Campos Forquera fue condenado a seis años de prisión por siembra y cultivo de estupefacientes, comercio y tenencia simple. La pena fue unificada con una condena anterior de tres años de prisión en suspenso, cuya condicionalidad quedó revocada.
José Luis Vargas Mansilla, José del Susso, también pactó seis años de prisión como autor de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada.
Facundo Valdez fue condenado a cuatro años de prisión como partícipe secundario del comercio de estupefacientes agravado. Paul Alfredo Campos Forquera, hermano del Farolito, recibió tres años de prisión en suspenso como partícipe secundario en delitos de siembra, cultivo y comercio de estupefacientes.
También fueron condenados Gaia Yenien Martínez, pareja del Pollo Valdivia; su hermano Mariano Valdivia; Eliana Noelia Valdivia; Jeremías Nahuel Lucero Gómez, cuñado de Vargas Mansilla, y Federico Esteban Domínguez, conocido como Wanchope.
