La Quinta Marcha Federal Universitaria volvió a movilizar a miles de personas en todo el país y reabrió una grieta dentro de Cambia Mendoza. En una jornada donde el Gobieno provincial optó por la cautela para no entorpecer su sintonía política con la gestión de Javier Milei, el intendente de la Ciudad de Mendoza y uno de los aspirantes a gobernador, Ulpiano Suarez, se pronunció a favor del cumplimiento de la norma aprobada por el Congreso.
A través de sus redes sociales, el jefe comunal capitalino fijó una posición tajante respecto del conflicto. “La Ley 27.795 fue aprobada por el Congreso de la Nación y ratificada tras el veto. La Corte Suprema dejó firme la cautelar sobre salarios y becas. La Justicia declaró inconstitucional el decreto que la frenaba, aunque esa sentencia fue apelada. En una República, la ley se cumple“, dijo.
Un gesto que incomoda en el tablero provincial
Suarez se convirtió en el único dirigente radical anotado en la carrera por la sucesión de Alfredo Cornejo que se pronunció de forma categórica y sin ambigüedades sobre la movilización.
La temática genera una evidente incomodidad en la cúpula del Gobierno provincial por el pragmático acuerdo político que mantiene con la Casa Rosada. Muestra de ello fue la ausencia de dirigentes de peso del riñón cornejista en la marcha desde el predio de la UNCuyo hasta la Plaza Independencia.
Incluso, este mismo jueves, el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar, evitó sumarse al recorrido a pie por las calles del centro mendocino y se limitó a manifestar una adhesión distante al reclamo.
No es la primera vez que Ulpiano Suarez busca diferenciarse de la línea dura del Poder Ejecutivo provincial en su relación con la administración libertaria. El jefe comunal suele explicitar sus matices con el modelo libertario -llegando a declarar en reiteradas oportunidades que “no se pintaría de violeta”-, una postura que explica también por qué no figura como la primera alternativa en las preferencias de Cornejo para reemplazarlo en Peltier 351.
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El laberinto judicial del financiamiento
El reclamo que motivó la marcha de este jueves tiene un extenso recorrido institucional. En agosto de 2025, el Congreso sancionó la Ley de Financiamiento Universitario para actualizar partidas operativas y salarios docentes según la inflación acumulada desde fines de 2023. Tras el veto aplicado por Javier Milei y el posterior rechazo legislativo a la insistencia, el Ejecutivo nacional emitió un decreto que suspendía la ejecución de la norma.
Posteriormente, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 declaró la inconstitucionalidad de ese decreto a pedido del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Mientras se resuelve la cuestión de fondo, se dejó firme una medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a cumplir con los artículos vinculados a las becas estudiantiles y la recomposición de los haberes docentes. Esta decisión fue ratificada por la Corte Suprema.