El proyecto impulsado por el Gobierno de Mendoza y presentado por los diputados nacionales Pamela Verasay y Lisandro Nieri propone modificar el Código Penal para elevar las penas por homicidios y lesiones provocados por conductas graves al volante, crear un delito específico por alcoholemia elevada y cambiar las reglas de prescripción. La iniciativa tiene como uno de sus principales antecedentes el caso de Alan Villouta.
El texto establece una pena de 3 a 5 años de prisión e inhabilitación para conducir de 4 a 8 años para quien provoque una muerte mediante una conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria. Los fundamentos del proyecto remarcan que, bajo esta escala, la condena no podría ser de ejecución condicional.
La propuesta endurece considerablemente las sanciones cuando aparecen circunstancias consideradas especialmente graves. En esos casos, la pena ascendería a 4 a 10 años de prisión, mientras que la inhabilitación para conducir sería de 8 a 12 años.
Entre los agravantes figuran darse a la fuga o no auxiliar a la víctima, conducir bajo efectos de estupefacientes, superar determinados niveles de alcoholemia, exceder en más de 30 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida en el lugar, manejar estando inhabilitado, cruzar un semáforo en rojo, circular en sentido contrario, conducir de manera temeraria o provocar más de una muerte.
Para las lesiones graves o gravísimas, el proyecto establece una escala de 2 a 6 años de prisión, además de una inhabilitación especial de entre 3 y 8 años cuando se presente alguna de las circunstancias agravantes. La iniciativa busca diferenciar entre una infracción producto de una inadvertencia circunstancial y aquellas conductas que implican una violación especialmente grave de las reglas de seguridad vial.
Alcohol al volante: cuándo pasaría a ser delito
Uno de los cambios centrales consiste en incorporar el artículo 193 ter al Código Penal para convertir en delito autónomo la conducción con determinados niveles elevados de alcohol en sangre. Esto permitiría intervenir penalmente aún cuando la conducción peligrosa no haya provocado un accidente con víctimas.
Para los conductores particulares, manejar con más de 1 gramo de alcohol por litro de sangre podría ser sancionado con entre 6 meses y 2 años de prisión y una inhabilitación para conducir de 2 a 5 años. En el caso de conductores profesionales de transporte de pasajeros o cargas, el umbral se ubicaría en 500 miligramos por litro. Si la alcoholemia alcanza los 2 gramos por litro, la pena subiría a entre 1 y 3 años de prisión y una inhabilitación de 3 a 6 años.
El proyecto también introduce una modificación procesal vinculada con la prescripción de las causas. Propone incorporar como acto interruptivo de la prescripción el dictado de la resolución que confirma una sentencia condenatoria. El objetivo es impedir que una causa termine prescribiendo mientras la condena continúa siendo revisada por tribunales superiores.
El caso Alan Villouta
Los fundamentos utilizan como antecedente el caso de Alan Villouta, el joven de 21 años que murió tras ser atropellado en agosto de 2017 en el Acceso Sur de Mendoza. El conductor fue condenado el 14 de abril de 2020 a tres años de prisión en suspenso y ocho años de inhabilitación para conducir por homicidio culposo agravado.
La revisión de esa condena se extendió durante casi seis años. En febrero de 2026 la sentencia fue confirmada, pero posteriormente el Tribunal Penal Colegiado N.º 2 declaró extinguida la acción penal por prescripción y dejó sin efecto la condena, al considerar que el último acto interruptivo había sido la sentencia de abril de 2020. La decisión fue cuestionada y tanto la familia como el Ministerio Público Fiscal anunciaron recursos.
El proyecto sostiene que una resolución que confirma una condena debería interrumpir nuevamente el plazo de prescripción porque demuestra que la persecución penal continúa activa. De esta manera, el paso del tiempo durante las instancias de revisión no podría terminar extinguiendo una causa mientras existe una sentencia condenatoria sometida al análisis judicial.