El Gobierno nacional busca eliminar la obligación de contar con un título universitario para ejercer como corredor inmobiliario o martillero público. La propuesta, incluida en el nuevo paquete de reformas que impulsa Federico Sturzenegger, también elimina las referencias legales sobre honorarios y habilita una mayor participación de plataformas digitales en el mercado.
Antes de llegar al Congreso, el proyecto ya generó un fuerte rechazo entre los profesionales de Mendoza, que advirtieron sobre posibles consecuencias para la seguridad jurídica de las operaciones inmobiliarias.
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El anteproyecto, de 144 páginas, forma parte de una nueva batería de reformas con las que el Ejecutivo pretende avanzar en la desregulación de distintas actividades económicas. En el capítulo destinado al mercado inmobiliario, se propone que para ejercer la profesión solo sea necesario ser mayor de edad y contar con el secundario completo, dejando de lado la exigencia de una formación universitaria específica.
Las advertencias del sector
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza, Roberto Irrera, sostuvo que la propuesta implica un retroceso porque desconoce la complejidad técnica y jurídica que existe detrás de cada operación.
“Estaríamos peor que nunca. No tendríamos conocimientos jurídicos sobre todo lo inherente a una operación inmobiliaria. Cualquiera puede vender, pero no todos pueden acompañar una operación cuando aparecen embargos, inhibiciones, restricciones al dominio o sucesiones”, afirmó.
Según explicó, el trabajo del corredor inmobiliario no se limita a poner en contacto a un comprador y un vendedor, sino que consiste en brindar asesoramiento durante todo el proceso.
“Quien interviene en una operación inmobiliaria debe saber qué está ofreciendo. Estamos hablando del patrimonio de las personas y de operaciones que requieren conocimientos específicos”, remarcó.
Irrera recordó además que la creación del Colegio profesional tuvo como objetivo proteger a quienes participan del mercado.
“El colegio no nació solamente para otorgar una matrícula. Fue creado para proteger al consumidor inmobiliario y garantizar que quien ejerce la profesión tenga la capacitación necesaria”, señaló.
“Se está desprofesionalizando la actividad”
En la misma línea se expresó el presidente del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Mendoza, Silvio Gigli, quien consideró que el proyecto elimina uno de los principales mecanismos de control de la actividad.
“Más que una desregulación, esto representa una desprofesionalización de una carrera universitaria”, sostuvo.
Para Gigli, la matrícula profesional garantiza que quienes intervienen en una compraventa cuenten con los conocimientos necesarios para evitar errores que puedan afectar el patrimonio de los clientes.
“Los colegios profesionales supervisan el ejercicio de la actividad y brindan seguridad jurídica a la sociedad. Si desaparecen esos controles, aumenta el riesgo de prácticas irregulares e informales”, afirmó.
Honorarios libres y el temor por abusos
Otro de los aspectos que cuestionaron desde el sector es la eliminación de los parámetros para fijar honorarios.
Aunque el proyecto propone que las comisiones sean acordadas libremente entre las partes, Gigli consideró que los límites actuales cumplen una función de protección para los consumidores.
“Si desaparecen esos parámetros, en lugares donde hay pocos profesionales podrían producirse abusos. El colegio cumple justamente el rol de controlar que esas situaciones no ocurran”, explicó.
Plataformas digitales
Respecto de la incorporación de plataformas digitales, ambos referentes aclararon que la actividad inmobiliaria ya utiliza herramientas tecnológicas para publicar y comercializar inmuebles.
Sin embargo, detallaron que el proyecto va un paso más allá al permitir que esas plataformas asuman un rol similar al de una inmobiliaria.
“Hoy todos trabajamos con portales digitales. Lo distinto es que ahora una plataforma podría reemplazar al profesional”, explicó Gigli.
El dirigente consideró que ninguna aplicación puede sustituir el análisis documental, la tasación de una propiedad o el asesoramiento jurídico que requiere una operación inmobiliaria.
“Las personas realizan una o dos operaciones inmobiliarias importantes durante toda su vida. Allí ponen en juego sus ahorros o una herencia familiar. Por eso debe existir un profesional universitario matriculado que garantice la transparencia y la seguridad jurídica”, concluyó.