Las 23 armas viajaban ocultas dentro de una valija negra con detalles naranjas que había salido desde la terminal de Retiro rumbo a Mendoza. El equipaje iba en la bodega de un colectivo de larga distancia y, según la hipótesis inicial de los investigadores, el arsenal había sido provisto en la Villa 1-11-14, en el Bajo Flores porteño. También se sospechaba que parte del cargamento podía terminar en manos de barras vinculadas a Independiente Rivadavia y que luego algunas armas podían ser traficadas hacia Chile. Esa línea investigativa nunca terminó de profundizarse en el expediente, pero fue uno de los primeros datos que apareció alrededor del procedimiento federal realizado en La Paz.
El hombre que llevaba el cargamento era Matías Andrés Rojas Zaballa, un ayudante de cocina de Boedo, en Capital Federal. El 28 de mayo de 2024 abordó en Retiro un colectivo de la empresa Cata Internacional que tenía como destino la Terminal de Guaymallén. Llevaba asignada la butaca 56 y en la bodega despachó el bolso que escondía dos mochilas repletas de armas de guerra.
Este caso revelado por El Sol por aquellos días, cuando el tráfico de armas estaba en boca de todos, terminó en condena y el porteño reconoció los hechos: lo condenaron a 4 años y 8 meses de cárcel.
Descubrieron otro cargamento de armas que ingresaba a Mendoza
Pocos días pasaron desde que la Policía Federal y la Gendarmería lideraron trabajos investigativos y desplegaron allanamientos en diferentes viviendas de Mendoza por una causa que se inició por tráfico trasnacional de arma en la Justicia, hasta que este martes volvieron…
El procedimiento: cómo lo descubrieron
El viaje terminó abruptamente cerca del mediodía, en el kilómetro 899 de la Ruta Nacional 7, a la altura del peaje de La Paz. Allí, personal de la Sección Seguridad Vial La Paz de Gendarmería Nacional realizaba controles preventivos sobre vehículos y transporte de pasajeros. Cuando los efectivos comenzaron a revisar la bodega del micro con apoyo del perro detector Bronco, el animal reaccionó frente al equipaje, como suele hacerlo ante la posible presencia de estupefacientes.
Los gendarmes hicieron descender al propietario y abrieron la valija frente a testigos. Lo primero que encontraron en su interior fueron dos mochilas: una Swiss Win negra y otra Adidas gris. Ambas estaban cargadas con armas envueltas en nylon film transparente.
Dentro de las mochilas había un verdadero arsenal: 23 armas de fuego, 45 cargadores, 30 cartuchos calibre 36/410 y un silenciador para pistolas Glock.
El detalle del secuestro reveló la magnitud del cargamento. Era millonario. Transportaba 19 pistolas calibre 9 milímetros: dos Bersa con inscripción de la Policía Federal Argentina y numeraciones visibles; tres Bersa con numeración suprimida; dos Glock con numeración visible; ocho Glock limadas; una Beretta limada; una FM Hi Power; una Smith & Wesson con numeración adulterada y una Taurus también limada.
A eso se sumaba una Glock calibre 45 con numeración suprimida, una Glock calibre 40, un revólver Taurus calibre 36 cargado con cartuchos y un subfusil FMK-3 calibre 9 milímetros sin numeración identificatoria. También llevaba decenas de cargadores de distintas marcas y modelos, listos para utilizar.
El caso quedó en manos de la Justicia federal y la investigación confirmó rápidamente que Rojas Zaballa no tenía autorización legal para portar armas ni figuraba inscripto como legítimo usuario ante la ANMAC. Además, varios peritajes determinaron que al menos 17 de las armas tenían las numeraciones suprimidas o adulteradas.
Los especialistas lograron recuperar parcialmente algunos números mediante técnicas de revenido químico, lo que permitió identificar armas que habían sido deliberadamente limadas para impedir su trazabilidad y dificultar cualquier investigación sobre su origen.
Para los investigadores, la forma de transporte, la cantidad de armas y el acondicionamiento del material descartaban cualquier hipótesis de tenencia casual. El fallo sostiene que Rojas Zaballa ejercía un “efectivo poder de disposición” sobre el arsenal y que actuaba con pleno conocimiento del origen ilícito de parte del material.
El expediente avanzó finalmente mediante un juicio abreviado. La fiscalía federal y la defensa acordaron que el acusado reconociera los hechos y admitiera su responsabilidad penal. Así, las partes redefinieron la acusación y encuadraron la conducta como acopio de armas de fuego y encubrimiento, en concurso real.
El juez del Tribunal Oral Federal N°1 de Mendoza, Alberto Carelli, homologó el acuerdo y condenó a Rojas Zaballa a 4 años y 8 meses de prisión efectiva.
Lo que destacó la homologación del acuerdo
El juez Carelli destacó en el acuerdo que varias de las armas tenían numeración limada, situación que impedía establecer correctamente su trazabilidad registral y permitía inferir su origen ilegal. El magistrado entendió que eso configuraba además el delito de encubrimiento, ya que el acusado transportaba elementos provenientes de un ilícito previo vinculado al tráfico o adulteración de armas.
El fallo también profundizó sobre el riesgo que implica este tipo de hechos para la seguridad pública. Carelli sostuvo que el acopio de armas es un delito de peligro abstracto, es decir, que se configura por la sola tenencia ilegal del material, sin necesidad de que las armas hayan sido utilizadas.
Se valoró como agravantes la magnitud del arsenal, la diversidad de calibres, la existencia de armas de guerra, el estado operativo del material y la clandestinidad del traslado. Como atenuantes, se tuvo en cuenta en el acuerdo que el acusado admitió los hechos, mostró arrepentimiento durante el proceso y tenía escasos recursos económicos. Es posible que haya sido utilizado como una especie de “mula”.
La condena quedó apenas por encima del mínimo previsto para este tipo de delitos, cuya escala penal iba de 4 a 13 años de prisión.
Además de la pena, se ordenó el decomiso de todas las armas, cargadores, municiones y accesorios secuestrados. Todo el material quedó a disposición de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).
En medio de un pedido para la megabanda
La resolución judicial se ventiló en un contexto particular. Justo este martes, el fiscal federal Fernando Alcaraz pidió la elevación a juicio de una causa mucho más grande contra una organización criminal dedicada al tráfico internacional de armas entre Argentina y Chile.
En ese expediente hay 34 imputados acusados de integrar una estructura transnacional que operó entre 2021 y 2023 con conexiones en Argentina, Chile y Brasil. Según la acusación, la banda compraba armas y accesorios en Brasil, los ingresaba clandestinamente al país y luego los trasladaba hacia Mendoza para cruzarlos ilegalmente por el Paso Cristo Redentor ocultos en camiones internacionales, tal como ha publicado este diario en una serie de informes.
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La investigación permitió secuestrar 36 armas de fuego, 32 cargadores y más de 2.000 municiones. También se detectaron maniobras de financiamiento mediante transferencias internacionales y una estructura organizada con roles específicos para compra, traslado, acopio y cruce clandestino del armamento.
Uno de los primeros episodios atribuidos a esa organización ocurrió justamente en abril de 2022, cuando Gendarmería interceptó en La Paz a un pasajero que viajaba en colectivo con 11 armas y 18 cargadores ocultos entre el equipaje. Semanas después, otro camionero fue detenido en Uspallata cuando intentaba cruzar a Chile con armas escondidas en la cabina de un camión.
Aunque la causa de Rojas Zaballa no quedó formalmente conectada con esa organización criminal, ambos expedientes dejaron expuesta una misma ruta del tráfico ilegal de armas: cargamentos que parten desde Buenos Aires, atraviesan Mendoza y tienen como posible destino final el mercado clandestino chileno.