Ingresó a la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley que propone eliminar los gastos de intermediación en los contratos de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) celebrados por el Estado nacional. La propuesta, presentada por la mendocina Mercedes Llano (La Libertad Avanza), busca modificar la Ley N° 26.773 para evitar que recursos estatales se desvíen hacia “estructuras burocráticas excesivas” o gastos que el proyecto califica como “superfluos”.
El corazón de la propuesta radica en la sustitución del artículo 16 de la normativa vigente. De aprobarse, las ART deberán limitar sus gastos de administración y otros no prestacionales a un porcentaje fijado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), el cual no podrá exceder el 20% de sus ingresos.
Dentro de ese límite general, se establece una diferenciación clave: para el sector privado los gastos de comercialización o intermediación podrán alcanzar hasta un 5% máximo. En tanto que para el Estado nacional se prohíbe totalmente la asignación o pago de recursos por gastos de comercialización, publicidad, comisiones a terceros u honorarios derivados de la intermediación.
La diputada Llano fundamenta la iniciativa en que la intermediación en el sector público “carece de causa técnica y configura un sobrecosto innecesario”. Según los fundamentos del proyecto, existen tres razones principales por las cuales la figura del productor de seguros es prescindible para el Estado:
- Obligatoriedad: al ser una cobertura obligatoria para el empleador estatal, no se requiere promoción comercial para concretar el contrato.
- Prestaciones Homologadas: dado que el servicio está rígidamente determinado por ley, el margen de asesoramiento sobre la “conveniencia” del producto es nulo.
- Primacía del Régimen Administrativo: los organismos técnicos del Estado ya poseen la capacidad para seleccionar la oferta más conveniente mediante licitaciones, desplazando la necesidad de un intermediario privado.
Incluso se destaca que, si el Estado tiene la facultad legal de autogestionar sus riesgos (autoseguro), resulta “contradictorio e ineficiente” pagar intermediarios cuando opta por una ART.
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Marcos Calvente llegó este miércoles dispuesto a hablar de tránsito, controles y del operativo que Guaymallén prepara para acompañar las obras del Acceso Este. Sin embargo, hubo un detalle que terminó llevándose parte de la atención. No fueron las nuevas movilidades…
El proyecto introduce un régimen sancionatorio severo para garantizar el cumplimiento. Las ART que infrinjan estas prohibiciones podrían enfrentar multas económicas de hasta el 5% de sus ingresos anuales, suspensión temporal para participar en licitaciones estatales por hasta dos años e inhabilitación por hasta cinco años en casos de reincidencia o faltas graves.
De convertirse en ley, las aseguradoras tendrán un plazo de 180 días desde su publicación en el Boletín Oficial para adecuar sus presupuestos y procedimientos. Asimismo, el texto invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la medida para eliminar estos gastos en sus respectivas jurisdicciones.