El Ministerio de Energía y Ambiente reglamentó el procedimiento para la presentación de iniciativas privadas en el Parque General San Martín, con el objetivo de establecer un marco administrativo y legal para la recepción y evaluación de proyectos de inversión.

La normativa formaliza la apertura de una convocatoria pública en el marco del Régimen Provincial de Iniciativa Privada, regulado por el Decreto 2002/25, y se enmarca en la estrategia oficial de modernización del Estado y promoción de la actividad económica.

Según se informó, la medida apunta a mejorar, desarrollar y poner en valor la infraestructura del parque, considerado uno de los espacios públicos más emblemáticos de la provincia. En ese sentido, se busca impulsar proyectos que contemplen tanto la renovación de instalaciones como nuevas propuestas de inversión.

El esquema prevé la intervención de distintos organismos. La Dirección de Biodiversidad y Ecoparque será la encargada de recibir las propuestas y verificar el cumplimiento de las normativas ambientales, mientras que la Dirección de Gestión de Bienes Registrables del Estado (Digebire) participará en el análisis vinculado al uso y administración de los inmuebles estatales.

En cuanto al procedimiento, las iniciativas deberán presentarse de manera digital y cumplir con los requisitos mínimos establecidos. Para esta primera etapa, se fijó como fecha límite el 15 de mayo de 2026, aunque se mantendrá abierta la posibilidad de incorporar nuevos proyectos con posterioridad.

Cada propuesta será sometida a una evaluación técnica que incluirá un informe de compatibilidad de usos. En caso de resultar viable, el proyecto podrá ser elevado al Poder Ejecutivo para su eventual declaración de interés público.

El modelo definido por la normativa se basa en tres ejes: agilidad administrativa, mediante procedimientos simplificados; transparencia, a través de mecanismos competitivos de selección; y seguridad jurídica, con el objetivo de brindar previsibilidad a las inversiones.

Además, se incorporaron instancias de control y fiscalización para garantizar que las intervenciones respeten los estándares ambientales y el carácter patrimonial del parque, que cuenta con la categoría de Área Ambiental Urbana Protegida.

La reglamentación se da en el marco del 130° aniversario del parque y forma parte de una estrategia que busca combinar preservación ambiental con desarrollo de infraestructura, promoviendo la participación del sector privado en proyectos de inversión.