La Legislatura de Mendoza afrontará otro miércoles en donde los ojos estarán posados en lo que ocurra en la reunión conjunta de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, Hacienda y Presupuesto, y de Asuntos Sociales y Trabajo. Allí, los senadores intentarán llegar a un acuerdo que permita girar el despacho correspondiente del proyecto que propone una reforma parcial del Estatuto General del Empleado Público.
La iniciativa, presentada por el Poder Ejecutivo cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y viene de tener la semana pasada una caliente disertación por parte de los diferentes secretarios gremiales de Mendoza, quienes fijaron una postura en contra. Previamente, habían pasado por la Casa de las Leyes los asesores del gobierno que encabeza Alfredo Cornejo.
“Este proyecto da más estabilidad y claridad jurídica que la ley vigente de hace 50 años. Nada es difícil cuando estás enfrente de una mentira construida”, expresaron fuentes del oficialismo consultadas sobre la propuesta que pretende modificar parte de la legislación vigente desde 1973 a través del Decreto Ley 560, junto con adecuaciones al Escalafón regulado por la Ley 5126.
Asimismo, aseguraron que “se está haciendo terrorismo y desinformando. El 85% de los empleados públicos -docentes, policías, enfermeros, médicos, salud, entre otros- no tienen nada que ver por tener su propio régimen”.
Desde el oficialismo respaldan el proyecto resaltando que “reconoce la relación laboral” y hacen hincapié en que aquellos trabajadores solo podrán ser desvinculados “si se hace un concurso”.
Por lo pronto, en la bancada oficialista descartan cambios en la norma que ya cuenta con la sanción correspondiente de Diputados.
Números cerrados y un escenario donde Hebe desempata
La propuesta divide las aguas. Con números cerrados a diferencia de lo que pasa en la Cámara baja, los senadores intentarán lograr los consensos necesarios que permitan continuar con el trámite legislativo correspondiente y que llegue al recinto en donde se espera un acalorado debate y tratamiento.
De acuerdo al poroteo previo, la definición podría quedar en manos de la vicegobernadora y titular del Senado, Hebe Casado, porque -a priori- habría un empate.
Por ahora, la historia debe dirimirse en comisión, con una postal recurrente en estos últimos días: las puertas de una Legislatura vallada y con mucho ruido, tanto adentro como afuera.
Cambios planteados
La reforma propone modernizar los artículos iniciales del Decreto Ley 560/73, extendiendo su alcance para que aplique supletoriamente a personal actualmente excluido de la carrera administrativa. Se derogarán procedimientos recursivos obsoletos y se aplicará el procedimiento administrativo común de la Ley 9003.
En cuanto a la estabilidad laboral, se diferencia entre agentes permanentes, con estabilidad plena, y empleados interinos o contratados, quienes no tendrán derecho automático a reincorporación tras sanciones. Además, se eliminan privilegios de acceso cuasi hereditario a cargos públicos y se actualizan reglas de indemnización, estableciendo un plazo máximo de 30 días para su pago. El cómputo de antigüedad se limitará a servicios con relación de dependencia y aportes previsionales, excluyendo contrataciones autónomas.
Se mantiene el acceso a recursos administrativos previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo y, en caso de agotarse esa vía, se habilita la acción procesal administrativa regulada por la Ley 3918.