Sandra Jaquelina Vargas otra vez presa por drogas.

Como si fuera un calco de lo vivido hace más de una década, los barrios del oeste de Godoy Cruz volvieron a ser este viernes a las 13.30 epicentro de allanamientos masivos por una megacausa que destapó una organización narco matriarcal liderada por los mismos protagonistas de siempre. Sandra Jaquelina Vargas (48), la “Yaqui”, junto con sus hijos, un hermano en la mira, y otros miembros del clan familiar que entre 2011 y 2014 sembraron de terror a fuerza de tiros y muerte en los barrios Campo Papa, Sarmiento, Susso y Los Toneles. Regresaron a la escena criminal con métodos renovados, principalmente con el uso -y abuso- de transferencias bancarias pero con la misma estructura de poder.

Este viernes por la tarde la mujer quedó nuevamente detenida luego de más de 20 allanamientos que fueron autorizados por la Justicia federal por pedido de la Policía contra el Narcotráfico de Mendoza (PCN), que trabajó en conjunto con el fiscal Fernando Alcaraz durante casi un año. Las medidas se desarrollaron en el citado departamento con más de 120 policías y también en el Centro de Alojamiento Permanente con Régimen Abierto de El Borbollón, donde pasa sus días la jefa narco.

Mauro Gelvez, el único hijo varón de la Yaqui, también quedó detenido. Le hallaron un arma de fuego.

Todo ese mundo del narcomenudeo se contactó para abastecerse y el comercio de las sustancias con otro sujeto que desde hace años viene siendo mencionado en pesquisas policiales y judiciales como referente delictivo. Este hombre fue allanado en Luján pero no quedó detenido: solo le hallaron documentación y lo identificaron.

Casi los mismos personajes que en 2016 fueron condenados a duras penas por la Justicia federal por tenencia de drogas y lavado de dinero luego de sus capturas dos años antes, y que reconocieron su culpabilidad por integrar una asociación ilícita en juicio abreviado ante la Justicia provincial, volvieron a las andadas como si el paso por los tribunales hubiera sido apenas un paréntesis en su carrera delictiva.

La Yaqui, que se encuentra purgando una condena de 15 años de cárcel (rebajada) y permanecía bajo el régimen de salidas transitorias una vez al mes luego de acceder a una serie de beneficios por buen comportamiento, volvió a quedar detenida este viernes como cabeza máxima de una estructura delictiva dedicada al narcomenudeo. Fuentes judiciales confirmaron la tarde de este viernes que Vargas “quedará detenida con su hijo Mauro Gélvez, y otras mujeres que respondían a ella” en el narcomenudeo.

Por la información a la que accedió y reveló El Sol, la compleja y nueva trama de narcotráfico que movía millones de pesos a través de billeteras virtuales como Mercado Pago y Naranja X se extendía desde los barrios más vulnerables del oeste godoicruceño hasta el interior de las cárceles fue desarticulada tras una investigación de la PCN y el citado fiscal Alcaraz.

Los trabajos de campo policiales y judiciales con análisis de documentos e informes sobre movimientos de dinero pusieron al descubierto que el imperio criminal de Vargas, quien en algún momento también fue llamada “Tía Susana”, jamás se quebró y estuvo activo, principalmente, en los últimos años.

La nueva investigación

La mujer con domicilio familiar en dos propiedades de la manzana G del barrio Los Toneles, identificada desde hace dos décadas como la jefa de una organización familiar que controlaba el tráfico de estupefacientes en varios sectores de Godoy Cruz, está sospechada de volver a construir una red que utilizaba las nuevas tecnologías financieras para recibir el dinero del narcotráfico.

La investigación de la PCN, que se prolongó durante casi un año, reveló que, ante su falta de presencia constante en la zona debido a permanecer tras las rejas, la Yaqui había organizado una estructura piramidal donde familiares ocupaban posiciones jerárquicas clave en el manejo de la banda.

Bajo sus órdenes desarrollaron tareas o cumplieron nuevos roles mujeres de su entorno y otros parientes, quienes se encargaban de supervisar las operaciones de venta en los barrios más conflictivos.

Uno de ellos, hermano varón, fue marcado por los pesquisas policiales como un “jefe operativo” de la estructura. Las labores de campo revelaron que ejecutaba las órdenes de su hermana y que seleccionaba a los vendedores de las dosis fraccionadas y también a los recaudadores del dinero. Además, fue captado el 14 de este mes llegando a la casa del señalado proveedor, en Luján de Cuyo.

La droga incautada en los quiosquitos de la “Yaqui”.

La sofisticación del grupo quedó en evidencia también cuando los pesquisas descubrieron que manejaban protocolos de seguridad estrictos, incluyendo el cambio inmediato de teléfonos celulares ante cualquier operativo policial. Llamativamente, la Yaqui este viernes, cuando la allanaron en su celda, no tenía celular.

El modus operandi de la banda se basaba en una cadena de distribución que comenzaba con la Yaqui en la cúspide y se ramificaba a través de algunos familiares y otros conocidos del Campo Papa.

Ahí entraron en escena Daniela Lourdes Palma, quien operaba bajo las órdenes de su madre, Liliana Echeverría, pareja de Juan José Piña Marín (46), un hombre conocido como “el patrón del barrio” condenado el año pasado por el asesinato de Kevin Muñoz en ese sector, comercializando estupefacientes en diferentes puntos de venta.

Echevarría, quien se encuentra con detención domiciliaria luego de ser allanada el 30 de setiembre del 2023, es citada por los detectives como “la mano derecha” de la Yaqui en el comercio de drogas a través de quiosquitos en el asentamiento.

Esta mujer nacida el 8 de mayo de 1972 y domiciliada en la manzana Ñ del Campo Papa, se contactaba directamente con el círculo de confianza de la Yaqui y durante la investigación fue identificada como quien se encargaba del almacenamiento, fraccionamiento, venta y recaudados de las dosis de “faso” o “cocaína”. Echevarría y Palma también quedaron detenidas este viernes.

Datos importantes de la investigación

El punto de inflexión en la pesquisa llegó hace pocos meses, cuando la PCN allanó una vivienda en el Barrio La Esperanza de Godoy Cruz, donde detuvieron a una mujer llamada Nélida Pérez y secuestraron material probatorio.

La reacción inmediata de Daniela Palma, quien se presentó en el lugar reclamando ser propietaria del inmueble, junto con las medidas de seguridad adoptadas por toda la organización –incluyendo el cambio masivo de teléfonos celulares– confirmó a los investigadores que habían dado en el blanco de una operación de gran envergadura con los mismos personajes que ganaron notoriedad a principios de la década pasada.

El uso de los aparatos quedó al descubierto cuando analizaron los movimientos en las billeteras virtuales de Mercado Pago y Naranja X. Los apuntados habrían recibido millones de pesos solo de Daniela Palma a través de siete transferencias.

Los números revelados muestran la magnitud del negocio: una de las hijas de la Yaqui, por ejemplo, había recibido millones de pesos en transferencias, mientras que la pareja de Sandra Vargas, Diego Cumellas, a quien allanaron este viernes pero no lo encontraron, también aparecía como receptor de fondos.

La Yaqui y Diego Cumellas, su pareja.

Este hombre, con domicilios en Guaymallén y también en la reconocida casa de Granja Lomas de Chacras, de 36 años (los cumplió el miércoles 24 de junio), fue captado durante los trabajos de campo el pasado viernes 20 de este mes en la puerta de la ex cárcel de El Borbollón, en calle Paso Hondo de Las Heras, yendo a buscar a la Yaqui para luego dirigirse al Campo Papa, debido a que tenía el beneficio de salidas transitorias, el que iba a ser revocado en las próximas horas.

El contraste entre los ingresos declarados y el movimiento de dinero virtual fue lo que terminó de desenmascarar a los sospechosos. Los investigadores confirmaron a este diario que casi ninguno de los principales involucrados registraba empleo formal que justificara el manejo de las sumas millonarias que se transferían diariamente entre sus cuentas.

Las cifras hablaban por sí solas: personas sin trabajo conocido movían cantidades de dinero que mostraban una actividad ilícita de gran escala, con un sistema de pagos y retribuciones que funcionaba aceitado“, pero dedicada al tráfico de estupefacientes.