El gobernador Alfredo Cornejo firmó junto a otros mandatarios provinciales una propuesta que sirve como herramienta para presionar en la negociación entre las Provincias y la Nación, debido a la merma en la cantidad de fondos que reciben por la coparticipación.
Los gobernadores se reunieron este lunes en la sede del Consejo Federal de Inversiones, donde recibieron a dos enviados de la Casa Rosada. La cumbre estuvo motivada por la caída en la coparticipación, que afecta a las provincias.
Asistieron incluso los peronistas más distanciados, como Axel Kicillof, pero también los cercanos a Javier Milei, como el tucumano Osvaldo Jaldo.
La pulseada es para que el presidente Javier Milei acepte coparticipar un impuesto que se actualiza mes a mes y que incide en el valor de la nafta en surtidor: el impuesto a los combustibles líquidos.
Se trata de un pedido que puede considerarse histórico por parte de Cornejo y que en el Ejecutivo provincial señalaron que fue tomado ahora por el resto de sus pares.
Como sea, a esa mesa se apersonó un enviado de Guillermo Francos: el vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán, quien llevó una propuesta concreta para tratar de limitar la demanda de los gobernadores.
Propusieron repartir una parte de los impuestos a los combustibles y también agregaron distribuir una parte de los Aportes del Tesoro Nacional.
Sin embargo, los mandatarios rechazaron de cuajo esa posibilidad y, cuando los enviados nacionales partieron, directamente esbozaron un comunicado que eleva la apuesta.
Así, propusieron un proyecto de ley que busca eliminar todos los fondos fiduciarios que se financian con el impuesto a los combustibles líquidos a través de la ley 23966. De esta manera, consideran que puede repartirse esa torta de plata en un 52% a las provincias y en un 48% a la Nación.
Hay un punto en cuestión en este tema: un 10% de ese impuesto es derivado a la Anses para pagarle a los jubilados. En este caso, los mandatarios resolvieron que no se toque ese porcentaje dedicado al haber jubilatorio, pero sí buscan que se reparta el resto.
Esto, para que las jurisdicciones asignen esos recursos según lo definan las prioridades de cada una, de acuerdo con el comunicado.
Sobre los ATN, que suelen ser manejados a discreción de la Casa Rosada de acuerdo a la distancia o lejanía política con los gobernadores de turno, pidieron que sean distribuidos de acuerdo al índice de coparticipación primaria y secundaria de la ley 23.548.
En líneas generales, los gobernadores mantienen la misma sintonía respecto al reclamo de los fondos coparticipables, porque consideran que son recursos que les pertenecen a sus provincias.
Sin embargo, y más allá de las firmas que acompañaron el documento final que se elaboró en el CFI, la mesa está dividida entre los duros y los negociadores.
Implica, de otra manera, desafiar el poder de veto de Milei que, aún así, puede verse obligado a tener que rediscutir el tema porque si el Congreso -en un escenario hipotético- aprueba el proyecto por unanimidad, el Gobierno no podrá vetar la norma.
¿Dónde está parado el mendocino Cornejo en este tablero de presiones y ejercicio del poder? El gobernador radical considera que el proyecto de ley es una herramienta para poder negociar en otras condiciones con la Casa Rosada. Es decir, que la discusión no puede agotarse y que los gobernadores aprueben la norma que impulsan contra el gobierno de Javier Milei.
Este martes, Cornejo volverá a verse las caras con funcionarios de Milei pero por otros temas y en un traje que no le resulta políticamente cómodo: como representante de las provincias en el Consejo de Mayo, que buscará iniciar los pasos hacia una reforma fiscal.