Este miércoles, el Gobierno hizo una presentación en la Justicia Federal solicitando la investigación de las declaraciones públicas que hizo el intendente de San Rafael respecto del narcotráfico en dicho departamento.
La presentación en la Justicia la realizó el director general de Asuntos Gubernamentales, el sanrafaelino Francisco Mondotte, y los integrantes de concejales del bloque UCR Cambia Mendoza de San Rafael Adrián Reche, Leonardo Yapur, Adriana Napolitano y Romina Giraudo.
En una reciente conferencia de prensa, el jefe comunal aseguró que en “cada barrio de San Rafael hay kioscos donde se vende droga” y mencionó la existencia de bandas de narcotraficantes —incluso integradas por ciudadanos colombianos— que operaban en el departamento. Félix también señaló que los vecinos “tienen miedo de denunciar” y expresó conocer detalles del funcionamiento de estas organizaciones.
Según afirmó el mismo intendente, “también tenemos grupos que actúan en el narcotráfico viniendo desde Las Heras, desde Godoy Cruz y también grupos de colombianos actuando en San Rafael. Lo denuncio hoy acá”.
El sanrafaelino detalló incluso que “el método es prestar, cobrar día por día y buscar a chicos jóvenes. Y después cuando no pueden devolver, les dan sustancias para la venta”.
Ante la gravedad de estas afirmaciones, el director general de Asuntos Gubernamentales y los ediles solicitaron que la Justicia Federal inicie una investigación penal y convoque al intendente en calidad de testigo para que aporte toda la información que dijo tener sobre la actividad delictiva en la zona.
En la denuncia presentada, Mondotte y los concejales recordaron que el artículo 177 del Código Procesal Penal de la Nación, tanto en su redacción anterior como en la modificada por la Ley 27.063, establece el deber de los funcionarios públicos de denunciar los delitos de acción pública de los que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones.
“El Sr. intendente sugirió un conocimiento detallado de actividades ilícitas que, hasta la fecha, no habrían sido formalmente denunciadas ante la justicia competente”, señala el escrito.
El funcionario del Gobierno de Mendoza y los ediles sanrafaelinos sostuvieron que, más allá del contexto político en que se producen los dichos, la responsabilidad institucional del intendente requiere una actuación inmediata ante la Justicia, dado que sus palabras se refieren a hechos que podrían configurar delitos de competencia federal.
“La lucha contra el narcotráfico y la protección de la seguridad de nuestros ciudadanos requieren del compromiso y la colaboración activa de todas las autoridades y organismos competentes, siendo para ello necesario que cualquier información relevante sobre actividades ilícitas sea presentada por las vías legales correspondientes para su debido tratamiento judicial”, se afirma en la presentación.
Los denunciantes indicaron que, de comprobarse la veracidad de los dichos, resulta indispensable que el propio intendente brinde precisiones ante la Justicia para contribuir con el esclarecimiento de los hechos.