El Ministerio de Seguridad, en conjunto con el Gobierno de Salta, instalará un alambrado de 200 metros de extensión en la frontera con Bolivia. El objetivo es frenar el paso ilegal de personas y el contrabando. Esta medida provocó la reacción de la Cancillería de Bolivia, que considera que podría afectar las relaciones diplomáticas entre ambos países.
Este lunes, el gobernador Gustavo Sáenz anunció la licitación para la compra de materiales e instalación del alambrado. La iniciativa forma parte del Plan Güemes, que aborda delitos federales en la frontera norte de Salta, especialmente en las localidades de Orán y Aguas Blancas, áreas críticas por su conexión estratégica con Bolivia.
Entre los objetivos principales del plan están el combate al narcotráfico, el contrabando y la trata de personas, el fortalecimiento del control fronterizo y la mejora de las capacidades de análisis criminal.
Para ello, desde la cartera que comanda Patricia Bullrich se desplegarán 310 efectivos de fuerzas federales y se incrementará la presencia en puntos críticos como el río Bermejo y la Ruta Nacional 34, conocida como la “Ruta de la Droga”.
Respecto al alambrado, se instalará en la localidad de Aguas Blancas, en Salta, desde la terminal de micros hasta los puestos de control del Puerto de Chalanas. También se utilizará como murallón preventivo cuando el río Bermejo crece.
Su objetivo es asegurar que quienes crucen entre ambos países lo hagan de manera legal, con los controles correspondientes.
La reacción del Gobierno de Bolivia
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia emitió un comunicado en el que se manifestó en contra de la instalación del alambrado. En el documento, también se expresó preocupación por una posible “afectación de las relaciones diplomáticas” con el Gobierno de Javier Milei.
La Cancillería boliviana señaló que “los temas fronterizos deben ser tratados mediante los mecanismos de diálogo bilaterales establecidos entre los Estados, para encontrar soluciones coordinadas a temas de interés común“. El gobierno del presidente Luis Arce advirtió que “cualquier medida unilateral podría afectar la buena vecindad y la convivencia pacífica entre pueblos hermanos“.
Además, exigieron mediante “los canales diplomáticos” la información sobre este tema, con el fin de emprender las acciones que correspondan. Finalmente, ratificaron que “Bolivia continuará apoyando el diálogo constructivo como la vía para solucionar los asuntos de interés común“.
Por otro lado, el ministro de Justicia de Bolivia, César Siles, expresó que la instalación del alambrado “iría en contra de los tratados internacionales” y reclamó: “Tanto Naciones Unidas como la Organización de Estados Americanos deberían conminar estas determinaciones. Esperamos que solo sea un anuncio y no algo real. Esperemos que el presidente Javier Milei pueda reflexionar“.