El 18 de julio se cumplirán 30 años del atentado a la Asociación de Mutuales Israelitas (AMIA). Por ello, la Unidad Fiscal especial a cargo para su investigación publicó toda la información que hay hasta el momento sobre el ataque perpetrado con un coche bomba que mató a 85 personas.
Se trata de una serie de archivos que se pueden descargar en formato PDF y que permitirá conocer el estado actual de la causa y lo que se ha investigado a lo largo de estos 30 años.
Creada en 2004, la Unidad Fiscal está actualmente conducida por Sebastián Lorenzo Basso y Julio Gonzalo Miranda. Pero el primer fiscal fue Alberto Nisman, cuyo crimen se produjo luego de denunciar a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por entender que el pacto de entendimiento con Irán buscaba encubrir a los responsables del ataque cometido por el movimiento terrorista Hezbolá a pedido de Irán.
El primero de estos documentos muestra la investigación judicial propiamente dicha, con la cantidad de víctimas, lesionados y daños.
Se explica en un gráfico cuál fue la magnitud del atentado a través de un croquis del edificio; una reconstrucción de por qué fue complicado rastrear a través de la tecnología disponible a los presuntos sospechosos o autores.
En este punto, hay una cifra descomunal para la época: una base de datos de más de 1.300.000 llamadas telefónicas que se analizaron.
Por otro lado, permite entender la complejidad de la investigación y el panorama en que se encuentran las diferentes causas que involucran al atentado terrorista. Para entender cuál es la dimensión de todo lo que se actuó en estas tres décadas desde aquel 18 de julio de 1994, la instrucción cuenta con 434 mil páginas, que llegan a 490 mil si se le suma la etapa del juicio.
Hay otra cifra que también llama la atención: se desarrollaron unas 470 líneas de investigación.
La mayor parte, el 76%, para dilucidar quiénes fueron y quiénes dieron la orden. De éstas, 195 líneas corresponden a ciudadanos argentinos; 156 a ciudadanos extranjeros y 69 a personal de inteligencia o militar.
De esta manera se llegó a tener 145 imputados de un total de 1150 personas investigadas. La mayoría de los imputados fueron sobreseídos y todavía pesan unos 11 pedidos de captura.
El documento permite ver la pista iraní: se trata de 11 ciudadanos de ese país, funcionarios del régimen, con pedido de captura internacional. Estos pedidos rigen desde el 2006 y se sumaron otros en 2023. Pero no todos residen en Irán: también en El Líbano, Brasil y uno con paradero desconocido.