El Tribunal Oral Federal Nº2 de Mendoza hizo lugar a un pedido de cese de prisión preventiva de la defensa y ordenó en consecuencia la libertad del comisario José Gabriel Moschetti, quien se encuentra procesado como integrante de una asociación ilícita que presuntamente lideraba el destituido juez Walter Bento y cobraba coimas para otorgar beneficios a ciertos detenidos.
Pablo Cazabán y Juan Pablo Chales, los representantes legales de Moschetti, venían solicitando desde hace tiempo la detención domiciliaria o, en subsidio la libertad del imputado ante la posibilidad de que dictara una nueva prórroga de la prisión preventiva en los próximos días, debido a que el 8 de junio se iban a cumplir los tres años de prisión preventiva en la cárcel federal de Cacheuta.
Entre otros argumentos, los letrados basaron el pedido en la carencia de antecedentes de Moschetti, el tiempo de detención que llevaba (no existe peligro de fuga y entorpecimiento de la instrucción), la escala penal aplicable al caso, la colaboración durante el proceso, el principio de inocencia y la “falta de pruebas que han surgido en su contra durante el debate oral” que comenzó el año pasado en contra de los presuntos integrantes de la organización y otra veintena de sospechosos. Básicamente, en su presentación hablaron de “la inexistencia de elementos de convicción que justifiquen el mantenimiento de la prisión preventiva” de su asistido.
Corrida vista al Ministerio Público, los fiscales generales María Gloria André y Dante Vega contestaron que no iban a promover una nueva prórroga de la medida cautelar que afecta la libertad y consideraron que el tribunal conformado por Gretel Diamante, Eliana Ratta y María Carolina Pereira podía disponer de la detención domiciliaria o libertad de Moschetti desde la fecha citada, es decir, el 8 de junio.
Analizada la presentación, se tuvo en cuenta que Moschetti está procesado por los delitos de asociación ilícita en carácter de miembro y por violación de secreto, delitos que se encuentran reprimidos con una pena de entre 3 y 12 años de cárcel, es decir, excarcelables de acuerdo con el Código Penal.
Además, de acuerdo con los informes incorporados en esta causa, se determinó que el otrora titular de la Comisaría 20ª de Tupungato y con pasado en la Policía contra el Narcotráfico del Valle de Uco (PCN), no registraba antecedentes computables.
“(… ) A pesar de que el Ministerio Público Fiscal solicitó que el cese de la prisión preventiva se haga efectiva a partir del día 8 de junio próximo -coincidente con el vencimiento de los tres años de prisión preventiva-, este tribunal entiende que ya habiendo sido manifestada la voluntad fiscal de no mantener la medida de coerción, se debe hacer efectiva la libertad del imputado en el día de la fecha, en tanto por los argumentos expuestos por el propio órgano titular de la acción pública, no se avizoran motivos fundados para sostener la existencia de peligro de fuga o entorpecimiento procesal en el transcurso de los pocos días que faltan hasta el próximo 8 de junio”, señalaron las integrantes del TOF Nº2.
De esta forma, las camaristas hicieron lugar el cese de la prisión preventiva y ordenaron la libertad de Moschetti para este miércoles desde el Complejo Federal de Cacheuta, donde se encuentra detenido. De acuerdo con la resolución a la que accedió El Sol, se determinó que sea bajo una caución juratoria y le fijaron una serie de reglas de conducta (debe presentarse a todas las audiencias del juicio y denunciar cambios de domicilio, entre otras).
Procesado desde el 2021
Moschetti, conocido como Moncho, quedó detenido en el 2021 luego de un año de investigación a cargo del fiscal Dante Vega y el juez Eduardo Puigdéngolas. Tenía como informante al ex despachante de aduana Diego Aliaga, el llamado nexo de la organización que se sospecha lideraba Bento asesinado en julio del 2020, y también presuntas relaciones con el narco Walter Bardinella Donoso, otro de los procesados en la causa.
Para los investigadores judiciales, estos dos hombres no cumplían el típico rol de informantes con el policía, sino que formaban parte de una banda que aportaba información para otros personajes de más alto nivel de jerarquía delictiva. Básicamente, entendieron que Aliaga y Bardinella aprovechaban la “pata policial” que les brindaba Moschetti para incorporar información sobre investigaciones narco o de contrabando a la banda y obrar en consecuencia.
En la instrucción se incorporaron pruebas que señalaban que Moschetti aportaba información a los integrantes de la asociación ilícita sobre allanamientos sobre causas de contrabando que desarrollaba la PCN y que esto permitió fugas “masivas” de acusados de esos hechos. Sin embargo, para la defensa, esas evidencias que afirmó tener la fiscalía no se vieron reflejadas en el debate que se viene desarrollando desde hace casi un año y por eso las expusieron como argumentos en su pedido de cese de prisión preventiva.
Además, el comisario está siendo juzgado porque, tres días después de la detención de Bardinella Donoso por el tráfico de más de 200 kilos de marihuana en el Sur provincial, el 9 de marzo del 2020, se presentó en el área de la PCN donde peritaban el teléfono secuestrado al narco –Medios Técnicos– con presuntas intensiones de llevárselo, cambiarlo por otro aparato o acceder a los archivos que contenía el mismo, se desprende de al investigación.
La teoría de la fiscalía, que según Cazabán y Chales no se ha visto reflejada con pruebas en el proceso oral, la misión de, al menos, tres integrantes de la banda –el abogado Jaime Alba, Diego Aliaga y el propio Moschetti– era apoderarse del dispositivo para borrar todo de tipo de pruebas que los complicaran con el pago de coimas en el juzgado de Walter Bento.