Se sabe que la licuadora libertaria no sólo ha arrasado con el magro poder adquisitivo de los haberes jubilatorios, con el de los salarios de todos los argentinos de la economía particular en general y también con los del ámbito público estatal. A Mendoza, vista como Estado, tal licuadora, le permitió “gastar” un 27,5 por ciento menos en Personal durante el mes de marzo. Su efecto se evidencia, según los economistas, haciendo un seguimiento de la marcha de la inflación con la de los ingresos mensuales de las personas. En verdad, todos los gastos del Estado, cayeron en el mes pasado un 24,2 por ciento: además de la partida de Personal, se suma la de los Trabajos Públicos en un 57,3 por ciento y la de las transferencias a los municipios en un 10,6 por ciento. Todo de acuerdo con un informe que publicó horas atrás el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre un trabajo focalizado en la situación fiscal de la provincia.
La información que maneja el propio gobierno, en Hacienda, va en sintonía con el CEPA (el que a su vez interpreta la situación con los propios datos oficiales). La administración de Alfredo Cornejo monitorea la debacle económica y le hace un seguimiento al constante descenso de la recaudación: un 14 por ciento para el primer cuatrimestre; algo más de 30 mil millones de pesos menos.
No hay nadie que aventure un momento, ni siquiera estimado, para que la crisis afloje, se frene la recesión, mejore el poder adquisitivo de los asalariados, se incremente la producción de bienes, aumenten las inversiones y así la maquinaria económica comience a moverse en niveles que permitan afirmar que lo peor del cambio de rumbo y de ese proceso de transformaciones que ordenó el gobierno de Javier Milei, haya tocado fondo, para luego comenzar la estabilización de la economía y tranquilizar a los argentinos.
La fecha o el momento mágico del despegue continúa difuso y lejano, más cuando se confirma por un mes más (marzo), la dirección descendente de la industria y de la construcción nacional, de un 21,2 por ciento y de 42,2 por ciento respectivamente. El INDEC ha reflejado que la caída de la actividad en las fábricas ha sido para el mismo mes de un 6,3 por ciento y en el de las obras de un 14,2 por ciento. La recesión no tiene freno, todavía. Nada que no se supiera o se imaginase desde el momento en que Milei alcanzara el gobierno.
Ahora bien, ¿cómo enfrentar el drama? También como se sabía, el fondo de resarcimiento surgido desde Portezuelo le asigna a la provincia una vida más respecto de otras; o al menos una herramienta inédita, una carta extra, un plus que, bien usada, podría hacerles frente a las ventajas de las provincias vecinas que sostienen alguna ventaja comparativa con Mendoza a fuerza de la explotación de sus commodities. Una comparación que disgusta al gobierno mendocino por simplista, según interpreta, agregando –como lo ha venido haciendo Alfredo Cornejo– que Mendoza tiene una de las economías más diversificadas del país y que mientras más mal le vaya a país, peor le va a la provincia. Y viceversa: mientras mejor, mucho mejor.
El gobierno de Cornejo imagina posibles salidas a la crisis, a la mendocina, por la vía de la explotación del recurso energético, por la minería concentrada en Malargüe y por la inversión de los fondos de Portezuelo. Por supuesto que en el plano político ya están plantadas esas ardorosas discusiones sobre la distribución de los 1.023 millones de dólares. Lo último llamativo ha venido desde el Sur: como si se tratase de una remake de la caprichosa y alienada lucha que La Pampa mantiene con Mendoza por el agua, a la que acusa de robarle un río (por el Atuel), en San Rafael festejan la “creativa” crítica del senador Pedro Serra el que viene de sostener que “la Mendoza del Norte le robó la plata a la Mendoza del Sur”, considerando que los fondos de Portezuelo deben invertirse en ese extremo provincial como si hubiese sido el único perjudicado por los efectos de la promoción industrial.
Sin embargo ayer, en Alvear, durante la Fiesta Nacional de la Ganadería, Ramiro Labay, su presidente, también pidió por los fondos, y aunque dijo que las tres cámaras de la producción de los departamentos (junto con Alvear, San Rafael y Malargüe) están en sintonía sobre el destino de los fondos, evitó la beligerancia. Y Cornejo pareció responder en consecuencia a ambos. A Labay le dijo que “buena parte de los recursos van a estar invertidos aquí”, y a quienes cree que van por alguna capitalización política con el tironeo verbal de los recursos y el voleo de ideas sobre dónde invertir sin proyectos: “Quiero decirles que hoy es mucho más interesante ser revolucionarios a la hora de formular proyectos de valor, que puedan ser rentables y recuperables para que se inicie una rueda de inversión que no se detenga, antes que ser audaces a la hora de hacer declaraciones demagógicas, que siempre son fáciles, pero que nunca sirven para mejorar la vida de los ciudadanos”.
Además de los fondos de Portezuelo, Mendoza espera la sanción de la Ley Bases y el texto final en que quedará convertido el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). Este esquema, fuertemente criticado por la oposición dura al gobierno de Milei, ofrecería incentivos fiscales más que generosos, acceso flexible a productos de importación y la libre disponibilidad de dividendos tras un mínimo de años en el sistema, para quien invierta de 200 millones de dólares en adelante en emprendimientos varios. La nación le apunta al inversiones petroleras y mineras. ¿Es conveniente ese esquema para Mendoza? Relativamente. Porque hoy sólo dos inversiones, una de ellas en vía de que se produzca y la otra en términos potenciales, podrían incluirse. Se trata de la mina de potasio (PRC) en manos de Minera Aguilar, de José Luis Manzano, en Malargüe y del proyecto de explotación de cobre San Jorge, en Uspallata. Con lo que para todo lo demás, en especial la exploración, la cifra de 200 millones queda lejos como para atraer algún emprendimiento a la provincia.
Según la mirada del sector minero, en el país sólo habría no más de diez proyectos mineros que podrían calificar en el RIGI, pero a la vez advierte que la cordillera se encuentra con un avance bajo de exploración y donde un 75 por ciento de esa formación maciza necesita ser explorada. Es lo que ocurre en Mendoza: hay que explorar para conocer lo que se tiene. Y un proyecto de exploración, con viento a favor, agregan en el sector minero, podría necesitar de una inversión de entre 20 y 30 millones de dólares. Con lo que quedarían afuera de cualquier beneficio nacional que se logre ofrecer para atraer capitales.
El otro punto que envuelve a la discusión sobre el RIGI, es aquella visión algo anacrónica y antediluviana que ha dominado a buena parte de la marcha dela economía del país y que sostiene que un programa de incentivos como el analizado, sólo logrará la entrega de la soberanía, de los recursos naturales del país y que se arma “para que se la lleven toda” sin dejar nada. La producción minera, por caso y sólo por las obligaciones fiscales que hoy existen, se maneja en un rango de aportes y contribuciones obligatorias del orden del 52 al 58 por ciento, recuerdan desde el sector, aclarando que depende tal aporte a la existencia de retenciones, fideicomisos y otros mecanismos tributarios que se van sumando.