Javier Milei continúa con su puesta en marcha de reformas en el Estado. En esta ocasión, el Ejecutivo está llevando adelante una auditoría que apunta a recortar las horas extras y los adicionales de los empleados estatales. El Gobierno abduce que hay un porcentaje de empleados que superan el sueldo básico solo con estos ítems.
Por el lado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) sostienen que “el problema es que hoy la mitad de los salarios del sector no superan la línea de pobreza“. A su vez, consideran que la medida que quiere implementar el Ejecutivo se trata de un nuevo “golpe de efecto” para bajar el déficit fiscal, pero dudan que “ese impacto” se vea reflejado.
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También, la cúpula gremial de ATE remarcó el decreto 84 emitido por Milei, que ordena la baja de 7.000 contratos laborales firmados en 2023 y que la gran mayoría de estos estaban comprendidos por las excepciones incluidas en el congelamiento dispuesto por la exministra de Economía de ese momento, Silvina Batakis.
Ya de lleno, con la auditoría “exhaustiva” que ordenó el anterior decreto mencionado, están siendo revisados por el área de Empleo Público de Jefatura de Gabinete, bajo la mirada de Armando Guibert, secretario de Transformación del Estado y el subsecretario de Modernización, Martín Bocacci.
En dicha auditoria, se señala a los trabajadores estatales con ingresos superiores a los 450.000 pesos, pero que en el conformado salarial la mitad correspondería a horas extras y otros ítems adicionales.
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En la “categorías bajas” figuran contratos de Secretaría General de la Presidencia, en Jefatura de Gabinete o el ministerio de Economía, choferes, mozos, personal de seguridad, pero también administrativos. En el decreto 84 citan un ejemplo de un contrato que gana 473.000 pesos de bolsillo pero con un sueldo básico de 178.225 y una “compensación” de 162 mil, entre otros adicionales.
Desde la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) afirmaron que lo único que pretende el gobierno de Milei es “dejar sueldos de hambre” y que por ese motivo pretenden recortar o poner topes al pago de horas extras y otros suplementos.
“El problema es que si les sacan esos adicionales quedarían sueldos de hambre. Está todo tan mal que muchas veces estos empleados no quieren ascender en su carrera porque ganarían menos porque perderían la parte supletoria“, manifestó un dirigente de UPCN.
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Entre los gremios estatales analizan que en caso de que el Ejecutivo no logre conseguir aprobar sus proyectos de leyes en el que tienen contemplados la privatización de 41 empresas públicas o la reforma del Estado, irán por la licuación de los salarios con tal de poder achicar el gasto estatal.
“Pero la plata que se destina a sueldos en el Estado es marginal. Sería un gesto simbólico avanzar con esto“, apuntaron desde ATE.
Bajo este panorama, los gremios estatales seguirán peleando con el Gobierno para que reincorporen a los trabajadores despedidos a través del decreto 84 y sobre la misma continuarán la negociación paritaria una vez conocido el índice de inflación de diciembre.
“No es el mismo un 25% que un 30% de IPC. Igualmente, lo que den no va a ser un aumento, sino un intento de recomponer ingresos“, sintetizaron desde UPCN.