Ariel Zanchetta, el policía federal retirado que se presentaba como periodista, se convirtió en el eje principal de la investigación por el espionaje a jueces de la Corte Suprema de Justicia. Entre sus contactos figuran el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade y Fabián “Conu” Rodríguez, alto dirigente de La Cámpora.
Preso desde el 26 de junio de este año en la causa por presunto espionaje ilegal, el análisis de la computadoras y teléfonos reveló que Zanchetta tenía casi 1.200 informes sobre diferentes “objetivos”: desde el presidente Alberto Fernández y los candidatos Sergio Massa y Javier Milei, hasta jueces, periodistas, sindicalistas, religiosos y gobernadores. Entre ellos, el mendocino Rodolfo Suarez.
“Me preocupa, es grave para la democracia. Realmente es lamentable que esto ocurra en la Argentina”, respondió el mandatario este martes, quien confirmó que buscará más información sobre el caso. “Si tengo que ir a la Justicia, iré”, adelantó.
En el marco del escándalo por el espionaje ilegal derivado de una investigación de la Justicia, se conoció que la lista de los políticos objetos de las investigaciones clandestinas incluye, además de Suarez, Fernández, Massa y Milei, a Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Juan Manuel Urtubey, Axel Kicillof, Gustavo Bordet, Gerardo Morales, Rodolfo Suárez, Gerardo Zamora, José Alperovich, Jorge Capitanich, Antonio Bonfatti, Omar Perotti, Gustavo Valdés, Elisa Carrió, Miguel Pichetto, Graciela Caamaño, Diego Santilli, Carolina Piparo, Florencio Randazzo, Cristian Ritondo, Joaquín de la Torre, Julio Garro, Néstor Grindetti, Jorge Macri, Jaime Méndez Curuchet, Mariano Cascallares, Martín Insaurralde, Julio Zamora, Malena Galmarini, Gerardo Milman, Eduardo de Pedro, Máximo Kirchner, Amado Boudou, Mario Meoni, Mariano Recalde, Javier Iguacel, Felipe Solá, Alfredo Luenzo, Julieta Quintero Chasman, Luis Barbier y Daniel Lipovetzky, entre otros.
“Por su cuenta o por orden o disposición de terceras personas, (Zanchetta) obtuvo y reunió información personal de miles de personas -entre ellas, políticos, magistrados, funcionarios públicos, periodistas, empresarios, dirigentes sociales, deportivos y sindicales, entre otros- la que luego sistematizó y analizó en, al menos, 1196 informes de inteligencia”, escribió el fiscal Gerardo Pollicita en su dictamen. La causa recayó en el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.
El espía recolectaba información sobre sus “objetivos” en referencia a distintos aspectos privados y laborales, como los ingresos que percibían, creencias religiosas, entorno familiar y hasta las personas con las que se relacionaban. También realizó seguimientos y agregó datos de informantes y filmaciones de cámaras ocultas.