El aumento de casos de intoxicación por monóxido de carbono en invierno debido al funcionamiento defectuoso de calefactores encendió la polémica esta semana luego de que Godoy Cruz admitiera que por un “error involuntario” no entró en vigencia una ordenanza que podría prevenir muertes o internaciones.
La normativa aprobada en 2020 establece la obligatoriedad a instalar detectores de CO y gas en las nuevas viviendas que se construyan en la comuna, pero recién este miércoles fue publicada en el Boletín Oficial, un paso clave para su puesta en marcha.
Ahora, la comuna al frente de Tadeo García Zalazar deberá escribir el decreto reglamentario, donde deberá designar una autoridad de aplicación.
Fabricio Cuaranta, presidente del Honorable Concejo Deliberante de la comuna, aclaró a El Sol que la ordenanza quedó promulgada automáticamente luego de ser aprobada. Sin embargo, por la pandemia, nunca fue enviada para su publicación en el Boletín Oficial.
Todo comenzó cuando concejales del Frente de Todos solicitó al Gobierno municipal informe sobre la implementación de la normativa. “Para sorpresa nos respondieron que por ‘errores involuntarios’ nunca se había publicado en el boletín oficial, por ende no se podía implementar“, relató el concejal Martín González.
Cuaranta aclaró que para la aprobación de una obra se pide una serie de requisitos para garantizar la seguridad de los habitantes de la vivienda, las que establece Enargas, pero, a partir de esta ordenanza, las construcciones solo recibirán Certificado de Final de Obra y Certificado de Habitabilidad si cada unidad cumple, además con la instalación de estos aparatos.
Los dispositivos, que deberán estar homologados y tener una alarma acústica y luminosa, deberán instalarse “en cada ambiente que cuente con bocas de conexión de red de gas natural de toda vivienda unifamiliar o colectiva de uso residencial“, según establece la ordenanza.